La CDHCM alertó que el alza de rentas, la especulación inmobiliaria y la gentrificación profundizan la desigualdad y el desplazamiento en la Ciudad de México. Autoridades y especialistas llamaron a impulsar una regulación de rentas justas y vivienda accesible.
David Pérez
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México advirtió que el acelerado incremento de las rentas, la especulación inmobiliaria y los procesos de gentrificación están modificando profundamente el territorio y profundizando las brechas de desigualdad en la capital.
Esto al inaugurar el conversatorio sobre vivienda y el derecho a la ciudad, la presidenta del organismo María Dolores González Saravia, señaló que habitar la capital no puede convertirse en un privilegio inaccesible para las familias y los trabajadores.
En este espacio de diálogo rumbo a una regulación de rentas justas, la titular de la Comisión Capitalina subrayó que la vivienda no es una simple mercancía, sino el espacio fundamental desde el cual las personas construyen sus proyectos de vida, sus afectos y sus redes de solidaridad.
«El incremento de de las rentas, las dinámicas de especulación inmobiliaria, la gentrificación, los procesos de desplazamiento, están modificando nuestros territorios y profundizando desigualdades. Para muchas personas, permanecer en donde han construido su historia representa una dificultad creciente, en tanto el costo de acceder a una vivienda compromete la satisfacción de otras necesidades fundamentales. No solo es la vivienda, sino el acceso al trabajo, a medios de vida, el consumo cotidiano».
Durante el encuentro en el que participaron autoridades locales, legisladores, especialistas y colectivos urbanos, se destacó que una iniciativa de ley en la materia debe trascender la contención de cobros excesivos. Se enfatizó que el verdadero reto radica en su implementación institucional garantizando atribuciones claras, recursos suficientes y un equilibrio de poder real entre arrendadores y arrendatarios.
Participamos en el conversatorio “El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad: análisis y retos de la Ley de Rentas Justas”, realizado en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 🏙️🏡 Un diálogo para analizar los desafíos de garantizar una vivienda asequible. https://t.co/7SFaDpsEv0
— Metrópolis (@MetropolisCDMX) November 18, 2026
Vivienda social y accesible
María Silvia Manuela de la Coalición Internacional del Hábitat para Latinoamérica sobre los retos más importantes y la cuestión de los jóvenes en la Ciudad de México.
«La ciudad está sangrando, por así decirlo, es una pandemia lo que estamos viendo. O sea, cien mil personas que salen por imposibilidad de pago. 2 millones de personas, ha habido un crecimiento importante, rentan una vivienda en esta ciudad y son sobre todo juventudes, juventudes, madres solteras, muchas, que llegan a pagar el 44% de su salario en renta, lo que sabemos que es inasequible y que son juventudes que no se independizan de la familia».
Asimismo, exigió una política integral que contemple la planeación territorial, la creación de vivienda asequible y de manera prioritaria una un alto a los desalojos arbitrarios que dejan sectores vulnerables en situación de calle.
En cuanto a lo que se está haciendo por parte del gobierno capitalino para atender esta situación, Enrique Irazoque Parazuelos, titular de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, comentó que el punto más importante es combatir la gentrificación.
Indicó que actualmente la jefa de Gobierno, Clara Brugada, destina 9 mil millones de pesos anuales a la construcción de vivienda social y accesible. Siendo la Ciudad de México líder en inversión pública en inversión pública rondando los 57 mil millones de pesos en este rubro para dar pauta a la construcción de vivienda, asegurando que alrededor de 10 mil viviendas se han construido en este lapso, aunque aceptó que esto no es suficiente.
Finalmente, los ponentes coincidieron en que el derecho a la ciudad comienza por la posibilidad de contar con un hogar digno y asequible. Por lo que llamaron a consolidar un marco normativo que blinde el arraigo comunitario frente a la presión inmobiliaria que vive la capital.
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