Las familias de la comunidad triqui son originarias de Tierra Blanca Copala, ubicada Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
Georgina Hernández
Por primera vez, el Poder Judicial de la Federación otorgó un amparo y la protección de la justicia a una comunidad en condiciones de desplazamiento forzado en México.
Las víctimas beneficiadas son 143 familias de la comunidad indígena triqui de Tierra Blanca Copala, ubicada Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.
El 26 de diciembre de 2020, las familias fueron agredidos por un grupo de personas armadas donde una persona falleció y tres menores de edad resultaron lesionados de gravedad. También las despojaron de sus propiedades y, ante el temor de perder la vida, huyeron.
En conferencia de prensa, Lauren Durán, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que el amparo 1258/2022 otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito de Oaxaca señala que las autoridades responsables deberán elaborar un plan que contenga soluciones concretas en asistencia humanitaria en tanto no se concrete el retorno de la comunidad a su lugar de origen.
“En consecuencia del razonamiento jurídico que hace el juzgador de la actuación sobre estas instituciones es que ordena por un lado las resoluciones muy innovadoras”.
Las autoridades señaladas como responsables son:
- La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.
- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
- El Gobierno de Oaxaca.
- La Guardia Nacional.
- El municipio de Santiago Juxtlahuaca.
- La Fiscalía de Oaxaca
Estas deberán proveer de servicios básicos como luz, agua, salud y educación a las 143 familias. Además, deberán brindarles seguridad y realizar el levantamiento de un censo de las personas desplazadas. Mientras que la CEAV deberá incorporarlas al Registro Nacional de Víctimas.
Por su parte, la Fiscalía Estatal deberá continuar de oficio con las carpetas de investigación relacionadas con los hechos de violencia que provocaron el desplazamiento forzado interno de la comunidad de Tierra Blanca Copala.
Autoridades no dan la cara
Horacio Santiago, representante de la comunidad desplazada, explicó que llevan seis meses sin entablar ningún diálogo después del sexto intento de retorno.
También señaló que a pesar de que el actual gobernador de la entidad, Salomón Jara, se comprometió a través de la firma de una minuta de acuerdos a que en un plazo no mayor a 60 días se buscaría el retorno de las personas, dicho compromiso se ha quedado en el aire.
“El gobierno del estado en lugar de ser el árbitro, llevar el control se sujeta a lo que este grupo les diga y la respuesta para las víctimas es que no quieren. Para nosotros cuando nos vamos a movilizar para realizar una actividad desde Ciudad de México en Oaxaca, lo que dicen es para qué te movilizas si estamos atendiendo el tema”.
El abogado Lauren Durán agregó que el próximo 10 de agosto se termina el plazo para combatir esta resolución y ese día se podrá afirmar que es una sentencia firme.
En consecuencia, las autoridades de los tres niveles de gobierno en conjunto con las familias desplazadas deberán empezar a trabajar con el plan de soluciones concretas.
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