En entrevista, Bertha Zúñiga Cáceres analiza el informe del GIEI que confirma la responsabilidad del Estado hondureño y de intereses empresariales en el asesinato de su madre, Berta Cáceres.
Escucha nuestra conversación con Bertha Zúñiga Cáceres, la coordinadora del Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras con la producción de José Luis Plascencia.
IMER Noticias
El asesinato de la defensora del medio ambiente, Berta Cáceres, cometido en Honduras hace casi una década, fue un delito motivado por intereses empresariales, previsible y evitable, señaló el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un equipo internacional de especialistas que investigó el caso.
El GIEI Honduras estableció que los fondos pagados por la banca internacional de desarrollo para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca fueron desviados y utilizados para el asesinato de Cáceres en marzo de 2016.
En entrevista para El Acento con Alberto Nájar, la coordinadora del Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras e hija de Bertha Cáceres, Bertha Zuñiga Cáceres explica las reacciones acerca del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI).
“Para nosotras este informe es un informe de mucho valor en este proceso de más de 9 años de búsqueda de justicia”.
Responsabilidad del Estado en la muerte de Bertha Cáceres
A más de nueve años del asesinato de la defensora ambiental Berta Cáceres, el informe del Grupo Asesor Internacional confirma la responsabilidad del Estado hondureño y de intereses empresariales en el crimen, así como en su encubrimiento.
También destacó que esto forma parte de la información que ya era conocida por los procesos judiciales, el GAI logró acceder a datos que no estaban disponibles ni siquiera para las víctimas como parte procesal. Zúñiga Cáceres subrayó que el informe:
“Alumbra tanto la responsabilidad del Estado y deja en evidencia los intereses que motivaron la ejecución del crimen, el encubrimiento y los obstáculos que hasta el momento se han tenido en el proceso de investigación para el esclarecimiento del vil asesinato de mi madre Berta Cáceres”.
De acuerdo con la coordinadora de COPINH, aún no se han agotado las responsabilidades penales, particularmente de integrantes de la estructura empresarial vinculada al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
“Hay personas de la estructura jerárquica de la empresa del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que no han sido llevadas a la justicia y que forman parte de una de las familias más poderosas en este país, que son miembros de la familia Atala Sabla”.
Sobre lo que sigue tras la presentación del informe, explicó que existe una “harto tarea fundamental para el Estado”, especialmente para el Ministerio Público, a fin de judicializar a los responsables, así como cumplir con las recomendaciones en materia de reparación y garantías de no repetición.
Recomendaciones a las diversas instituciones de Honduras
Detalló que dichas recomendaciones involucran a diversas instituciones del Estado hondureño, entre ellas el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad, responsables de la titulación de tierras ancestrales del pueblo lenca en Río Blanco, así como a instancias de seguridad que deben desclasificar información.
“La recomendación fundamental es para el Ministerio Público, quien es el que ejerce la acción judicial en Honduras”.
Zúñiga Cáceres destacó también el papel de la comunidad internacional, al señalar que ha sido clave para evitar el cierre del caso y para evidenciar que el crimen tuvo un móvil ligado a intereses económicos.
“Está determinado quiénes son las personas que, como nosotras popularmente decimos, autores intelectuales del crimen, las personas que pagaron y ordenaron el mismo”.
Advirtió que será necesario mantener la presión internacional.
“Seguiremos exigiendo lo que hemos venido exigiendo desde el 3 de marzo del año 2016, que es la justicia integral para nosotras”.
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