Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de Redim, se pronunció a favor de prohibir el maltrato y humillación como medida disciplinaria contra las personas menores y consideró favorable la aprobación de una ley al respecto en un país donde la violencia es un problema generalizado.
En un país de violencia como México nadie está exento, ni siquiera las infancias. Entre enero y mayo de 2020, fueron asesinadas mil 34 niñas, niños y adolescentes, un promedio de 7 homicidios de menores por día, de acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). Además, en el contexto de la pandemia 10 mil niñas y niños han sido atendidos en hospitales por lesiones.
Por esta razón, defensores de los derechos de la niñez celebraron la aprobación del Senado de la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Código Civil y Federal para prohibir cualquier tipo de violencia y humillación como medida disciplinaria. El siguiente paso es que el proyecto sea discutido y votado en la Cámara de Diputados.
¿Cuál es el objetivo de la ley?
Busca proteger a las infancias y adolescencias, así como fomentar que las personas adultas tengan una relación con los menores basada en la confianza y el diálogo, no en la violencia. No se trata de “meter a los papás en la cárcel”, aclara Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim en entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias.
Esta ley obligaría a las instituciones del Estado mexicano a desarrollar acciones que prevengan la violencia y oriente a las familias a otras formas de educación y solo en casos que lo amerite intervenir por la vía judicial.
Los castigos físicos y trato humillantes a cualquier persona son violatorios de los derechos humanos y generan daños. Estudios internacionales dan cuenta que cuando se educa con violencia, al crecer las personas establecen relaciones tóxicas con las parejas, tienden a ser menos productivos, presentan baja autoestima y poca aceptación de su vida, explica el director de la Redim.
“Tenemos que cambiar esa noción vieja de que los niños son propiedad de la familia y como tal les podemos hacer lo que queramos. Eso no puede ser posible porque son personas con derechos”, dice el especialista cuyo trabajo pasa por conocer la situación en que viven los menores.
