Entre los temas pendientes por resolver en el caso de la activista Marisela Escobedo está la falta la reparación del daño a su familia, dijo en entrevista Alejandro Melgoza, investigador en el documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”.
Redacción IMER Noticias
del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”
Marisela Escobedo planeaba pasar la Navidad en su camioneta estacionada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en protesta por la impunidad en el feminicidio de su hija Rubí Freyre Escobedo. En ese lugar, hace diez años, la activista fue asesinada de un disparo en la cabeza.
Diez años después, la impunidad en ambos casos -el feminicidio de Rubí y el asesinato de Marisela- continúa. Este hecho así como las violaciones a derechos humanos quedaron asentadas en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013, de acuerdo con Alejandro Melgoza Rocha, investigador en el documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”.
El documental, producido por Netflix, se estrenó en octubre de este año y reconstruye los dos años de lucha que emprendió Marisela Escobedo para que se hiciera justicia en el feminicidio de su hija, cuya pareja era el asesino confeso.
En entrevista para la Segunda Emisión de IMER Noticias, Melgoza recordó que además de los funcionarios pendientes de ser sancionados por su actuación, falta la reparación de los daños a las familias Escobedo Ortíz y Frayre Escobedo.
Como parte del documental surgieron datos más precisos, documentos y una serie de anomalías que precisamos de este caso, que a diez años continúa siendo una investigación abierta y no ha sido subsanada.
Alejandro Melgoza
Para Melgoza, este trabajo muestra cómo los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal “le dieron la espalda a Marisela Escobedo”, y a las mujeres que peleaban entonces por otros casos de feminicidios restringidas por una serie de elementos del sistema patriarcal, misógino.
El caso de Marisela tuvo como contexto previo la serie de feminicidios en Ciudad Juárez ocurridos en la década de los noventas. A pesar de que Chihuahua pasó por una curva de aprendizaje, la impunidad se repitió.
El camino a cuestas para acceder a la justicia en los casos de feminicidios también queda reflejado en la lucha de Marisela cuyo trabajo para asentar legalmente, denunciar y dejar pista de todo lo que iba sucediendo, habla del proceso burocrático que tienen que recorrer las familias de las víctimas, plagado de irregularidades, revictimización y fabricación de culpables.
El caso de Marisela Escobedo fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo con Melgoza, el Estado mexicano tendrá que dar una respuesta el 3 de febrero a la familia y a los representantes.
