Organizaciones denunciaron una crisis sistemática en materia de derechos humanos en Oaxaca, de acuerdo con el informe “Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación”.
Jennifer Olvera
Organizaciones civiles presentaron el informe Entre el PRI y Morena: retrocesos, impunidad y simulación, que documenta la situación de derechos humanos que prevalece en Oaxaca.
El director de Servicios para una Educación Alternativa, Marco Leyva, enlistó una serie de factores que promueven la violencias contra los y las defensoras.
- La política de militarización.
- El machismo en las estructuras del Estado.
- Falta de reconocimiento de derechos de pueblos indígenas, mujeres e infancias.
- Impunidad y violencia contra activistas.
En ese contexto, el informe puntualiza que las violaciones a derechos humanos en Oaxaca cada vez son mayores y no existe un cambio entre las administraciones priistas y morenistas.
Marco Leyva aseguró que ambas administraciones están caracterizadas por retrocesos, simulación, negligencia y corrupción.
“Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real. Es efectivamente imposible saber cómo se ejecutan los montos asignados por ejemploa la política transversal.
Los órganos autónomos de derechos humanos y procuración de justicia están supeditados al poder oficial”.
Leyva añadió que este despliegue de las fuerzas armadas en el estado se ha acompañado de un creciente número de quejas en su contra, sobre todo contra la Guardia Nacional.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay 19 quejas en 2020, 25 en 2021 y 33 en 2022, en contra de la instancia.
Tambén señala que, en el periodo de 2018 a 2022, hubo un incremento del 126 por ciento en feminicidios y de 131.7 por ciento en desaparición de niñas y mujeres.
Oaxaca, el estado más letal para los y las defensoras
Para Marco Leyva, el marco jurídico existente a nivel federal y estatal agudiza la imposición de proyectos energéticos, extractivos y de infraestructura, lo que incrementa las agresiones contra personas defensoras de la tierra y del territorio.
Entre 2018 y 2023, se han registrado 47 asesinatos en Oaxaca y lo coloca como el estado más letal para la defensa de derechos humanos.
Las exigencias al gobierno federal por parte de estas organizaciones son las siguientes.
“Destinar presupuesto suficiencia, etiquetado, transparente, mediable. Hacer real la independencia de los órganos de derechos humanos. Detener las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Armonizar los marcos estatales con los marcos internacionales”.
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