La Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la Extorsión, que establece penas de 6 a 15 años de prisión.
Claudia Téllez
Por 456 votos a favor y ninguno en contra, el pleno de las y los diputados aprobó en lo general, el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
El documento que deriva de una iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo establece un marco jurídico unificado, con tipos penales, agravantes y sanciones aplicables en todo el país para el delito de extorsión.
Precisa que este ilícito se investigará de oficio y se garantiza la protección integral de las víctimas y sus familias, asegurando su identidad, su seguridad y su reparación del daño.
Establece 34 agravantes, entre ellos:
- Cobro de piso
- Violencia
- Montachoques
- Imposición de precios a productos o servicios
- La comisión contra candidatos a cargos de elección popular
- Afectaciones a migrantes o menores de edad
- Secuestro virtual” o simulación de ser servidor público
Propone una pena básica que va de 6 a 15 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que podría aumentar en una tercera parte por agravantes.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista, Julio César Moreno destacó que quienes sean sentenciados por extorsión no tendrán acceso a la pre liberación, ni a la conmutación de la pena.
Poner en el centro a la víctima y no al delincuente
Detalló que esta ley pone en el centro a la víctima y no al delincuente porque se investigará de oficio.
“Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias. Y con esta ley el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga.
Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades, además, se protege la integridad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar”.
Otro punto que resaltaron las y los diputados es que se establecen medidas tecnológicas para el bloqueo obligatorio de las líneas telefónicas en centros penitenciarios, que es de donde más se reciben estas llamadas de extorsión.
La morenista, María Teresa Ealy destacó que se crea el Centro Nacional de Atención a Denuncias de Extorsión, a través del número 089, para que las personas puedan denunciar de forma anónima y segura.
“Y algo fundamental, se establece el control real en los centros penitenciarios. Durante años, las cárceles se convirtieron en oficinas del crimen. Con esta ley se bloquearán las comunicaciones y se sancionará a las autoridades que lo permitan, porque la cárcel debe ser un lugar de cumplimiento y no de operación criminal”.
En este punto legisladores de oposición criticaron que no se destinen recursos para la adecuación tecnológica para el cumplimiento de la norma.
El panista, Guillermo Anaya destacó que es una reforma importante porque la extorsión es un delito que arrebata la paz e incluso la vida de las personas.
“Aquí la extorsión les pega, como ya también se dijo, al taquero, al transportista, al productor del campo, al pequeño empresario. Esta ley, como su nombre lo indica, es una ley general, para que obligue y faculte a los tres órdenes de gobierno a actuar coordinadamente”.
Hubo una advertencia del PRI y del PT que esta reforma podría beneficiar a unas 500 personas sentenciadas en entidades como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, que tienen penas superiores a las propuestas en la iniciativa.
El priista, Alejandro Domínguez advirtió que, sin cambios, esta propuesta beneficiará a delincuentes sentenciados en esas entidades.
“Yo me di a la tarea de revisar mi estado, que es el estado de Chihuahua, y en el estado de Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar, con la penalidad en la que la vamos a aprobar…De tal suerte que, si hacemos una suposición porque la estadística no viene en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas, estaremos hablando más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de la extorsión”.
Las y los legisladores señalaron que el 97 por ciento de casos no se denuncian por miedo y esta ley garantiza la protección de las victimas.
En el pleno se debaten propuestas de modificación.
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