En los últimos 20 años, 400 mil familias son expulsadas de sus hogares en CDMX, ¿cómo viven el desalojo las mujeres adultas mayores?
Escucha el especial con la producción de Diana Susano
Luz Cecilia Andrade
Rufina Felicia Galindo López tiene 71 años, y lleva 67 de ellos viviendo en la Ciudad de México. A la edad de tres años, partió de Oaxaca con su familia para atender la salud de su madre y mudarse a la capital. Desde 1957 vivió en el edificio Zapata 68, ubicado en la calle Emiliano Zapata en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.
Sin embargo, el 13 de julio de 2016 —sin una orden del juzgado, con 800 policías y dos helicópteros— Rufina y 24 familias más fueron desalojadas del predio en el que vivió por más de seis décadas.
Desde entonces, el rostro de la señora Galindo es uno de los más representativos de la lucha contra el desalojo. Pero sobre todo, de la lucha de mujeres adultas mayores de escasos recursos en situación de desplazamiento forzado.
«Mi lucha es por ellas, por apoyarlas, porque la mayoría son adultas mayores, son gente que quedaron sin trabajo. Ellas están viendo la manera de ganarse la vida.
Están buscando un trabajito para que puedan ganarse un dinerito y seguir sobreviviendo en esa situación económica que todos estamos luchando y yo estoy en el más firme afán de hacer que mis compañeras salgan, porque son personas vulnerables de la tercera edad».
En los últimos años, Rufina participó en foros, encuentros, charlas y manifestaciones en contra de la gentrificación de la ciudad y el despojo de vivienda a través de la Red de Desalojadas de la Ciudad de México.
Se trata de un espacio creado en 2018 y conformado en su mayoría por mujeres adultas mayores, que busca protegerse del desalojo y acompañarse.
A través de esta red, las mujeres nombran las complicaciones, adversidades y dificultades que viven cuando su derecho a la vivienda, a un hogar y crear comunidad con sus barrios, es vulnerado.
Y trae consigo un tipo de violencia que también es atravesada por el género, como lo es el desplazamiento forzado.
Sobre el derecho de las mujeres a la vivienda
La vivienda es un derecho humano respaldado por instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, existen factores que violentan este derecho.
Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda «María Luisa Marín», de la Universidad Iberoamericana (IBERO), destacó que en los últimos años la Ciudad de México vive momentos de desplazamiento drásticos.
Sobre todo, en las colonias más céntricas, por contextos de gentrificación y turistificación que impactan particularmente a las mujeres.
«Hay una feminización de la vivienda, de la lucha por la vivienda, y también de las afectaciones por violaciones al derecho a la vivienda adecuada que las mujeres enfrentan.
Ya sea un desalojo o el simple hecho de pagar una renta que recae en las mujeres que son amas de casa, que se dedican a labores de cuidado. Hay un componente de género muy marcado en la lucha por la vivienda».
Tener una vivienda digna implica no solo que las personas accedan a una casa o departamento con condiciones específicas. Este derecho también permite generar raíces, memoria y tejido social en el barrio que habitamos.
El desalojo que vivió Rufina hace nueve años en el edificio Zapata 68 y que sistemáticamente se ha repetido con otras mujeres, no solo la despojó de una casa. También de recuerdos, vivencias, personas y lugares en los que depositó esfuerzo, cuidados y una forma de vida.
A esto se suma que en CDMX la propiedad de la vivienda está, la mayor parte de los casos, en manos de hombres. Esto coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad, detalló la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Vivienda y violencias de género
Rufina Galindo sostuvo que, aunque los desalojos por la gentrificación afectan a la sociedad, las mujeres viven una violencia específica, muchas veces ejercida por representantes de instituciones gubernamentales que menosprecian o entorpecen su lucha.
«Sabíamos la misoginia de algunos hombres dentro de las mismas instituciones de gobierno porque luego nos decían: ‘Ay, no, es que la sacan porque no pagan renta’. Pero no. Somos el tejido social de las familias, de la sociedad».
La asesora jurídica Daniela Sánchez dijo que negar o despojar a una mujer de la vivienda es violento no solo porque coarta este derecho, también porque las afecta psicológica y emocionalmente.
Además, comentó que existe presión en las mujeres por encontrar una nueva casa en donde volver a reconstruir su vida. A esto se suma la violencia que ejercen los propietarios de las viviendas a las que acceden para vivir.
«Los arrendadores ejercen acciones que van desde la hostilidad, la violencia, agresiones físicas o sexuales frente a las mujeres arrendatarias que tienen que dar la casa o la vivienda que están habitando. Hay una relación desproporcional en cuanto a arrendador y arrendatarias».
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Despojo para mujeres racializadas
El desalojo de mujeres racializadas que no tienen acceso a alternativas de viviendas viables en la proximidad de sus antiguos hogares equivale a un destierro racial que muestra cómo se presentan categorías de dominación en la vida de las mujeres.
Paula Soto Villagrán, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, detalló en su texto «Soñar con quedarse: experiencias de mujeres frente al desalojo en la Ciudad de México» que las mujeres defienden su seguridad.
«Al organizarse y defender su derecho a quedarse, también están defendiendo su identidad, su habitar y su seguridad, todos elementos que están amenazados junto con la vivienda».
Pendientes en materia de vivienda
Daniela Díaz sugirió que falta asumir y ser conscientes a nivel colectivo de que la vivienda es un derecho humano y no un contrato de arrendamiento o un activo para el mercado.
La vivienda es un derecho, al igual que lo son el agua, el medio ambiente o el alimento, pero lamentablemente es uno que pocas veces reivindicamos porque, en palabras de la especialista, se ha dejado mucho en manos del capital privado.
«La mirada de una empresa sobre la vivienda es justamente una mirada que se contrapone al derecho humano. Eso hizo que tuviéramos millones de casas vacías y ciudades con centros muy densificados. Y además, pues casas que fueron pagadas, personas trabajadoras que aportaron, que tienen esa vivienda y ahora es inhabitable».
Para la especialista, es necesaria también una política pública de albergues y vivienda eficiente que ayude a aminorar el impacto profundo que existe hoy en día de personas desplazadas, que asciende a 30 mil familias cada año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México.
También es necesario que las autoridades encargadas de supervisar desalojos se capaciten y conozcan sobre derechos humanos y perspectiva de género, así como brindar asesoría legal oportuna para la ciudadanía, en especial a las mujeres.
Esto ayudaría a abordar temas legales con mayor sensibilidad y responsabilidad para que las víctimas de desalojos y desplazamiento forzado no luchen por años, como la señora Rufina, que después de casi 10 años de lucha, tres desalojos y compartir 40 metros cuadrados con una docena de familiares, en 2024 logró por fin su hogar en la calle de San Camilito número 13, del Centro Histórico.
Pero no todas tienen la misma oportunidad que ella. Por eso, Rufina seguirá luchando por una vivienda digna para todas y todos.
«Yo soy de las afortunadas que ya tengo ahorita una vivienda, pero mis compañeras no. (…) tienen una deuda generacional y por eso a las adultas mayores ya nos están proporcionando una pensión que sí sea con la deuda de las gentes que somos adultos mayores y que tenemos el derecho a una vivienda digna para pasar ya los últimos días, pero tranquilas».
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