En la administración de Roberto Sandoval en Nayarit, gobierno y crimen organizado se coludieron para cometer 47 desapariciones, revela un informe de la FIDH.
Nayeli Valencia y Francisco Juárez
La ola de desapariciones de personas que azotó a Nayarit en 2017 pone una vez más al ex gobernador priísta Roberto Sandoval y a otras autoridades de su administración en el ojo público.
De las 300 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante su último año de gobierno, 47 comparten elementos que apuntan a una estructura criminal en la que habrían participado elementos de la fiscalía estatal y policías municipales.
Así lo documentaron la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que recabaron información de 26 hechos distintos, ocurridos principalmente en Tepic.
Las evidencias publicadas en el informe “Estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad” revelan que las desapariciones fueron planeadas desde la administración de Roberto Sandoval, donde se utilizó a la fuerza pública para agredir a la población por los resultados negativos de las elecciones estatales.
Para las organizaciones, la violencia en el estado y los ataques en contra de la ciudadanía son resultado de la corrupción que se formó al interior del gobierno nayarita.
Un grupo criminal en el gobierno
Hoy condenado a 20 años de prisión en Estados Unidos, el ex fiscal Edgar Veytia, habría construido con el ex mandatario Roberto Sandoval, también detenido en México, una estructura criminal y un equipo de confianza al interior del gobierno y de la Fiscalía de Nayarit, que ponía a disposición recursos humanos y materiales para cárteles como los Beltrán Leyva, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación a cambio de sobornos. Incluso trabajaron para más de un grupo a la vez.
Los recursos públicos se pusieron a disposición de estos grupos a través de la Policía de Nayarit, creada con la llegada de Roberto Sandoval a la gubernatura, como parte de su estrategia de seguridad.
La policía estaba integrada por más de mil elementos encapuchados, con armas largas, sin identificación, que utilizaban vehículos sin placas y con cristales polarizados de la Fiscalía estatal, señala el informe.
El poder que tomó la policía estatal buscó ejercer poder sobre el narcotráfico, lo que derivó en un atentado contra Veytia en 2011 y la detención de diez integrantes del grupo “Los Pelochos”.
Para 2015 la Secretaría de Seguridad Pública quedó a cargo de la Fiscalía de Nayarit, liderada por Veytia, quien presumió de una disminución de inseguridad. Eso le llevó a recibir un premio honoris causa de la escuela privada Universidad Álica, los reconocimientos “Águila Canacintra” y de la organización de Isabel Miranda de Wallace, Alto al Secuestro.
En contraste, el Observatorio Nacional Ciudadano denunció que el gobierno de Nayarit no reportó información sobre extorsión, robo y otros delitos, lo que calificaron como un “comportamiento atípico”.
Pero fue con la denominada guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón que los grupos criminales se disputaron la zona. Medios locales señalaron a Veytia de ayudar a los Beltrán Leyva a “limpiar el lugar” a cambio de cinco millones de dólares. Aunque el exfiscal tuvo alianzas cambiantes con el cártel Jalisco Nueva Generación.
La violencia fue más allá de recibir sobornos de grupos criminales y la operación de la policía de Nayarit en beneficio de los funcionarios llegó a la ciudadanía a través de despojos.
Roberto Sandoval, el detonador de la violencia
Extorsiones y despojos de casas, ranchos, negocios, bodegas y terrenos de campesinos y empresarios fueron parte de la vida cotidiana en Nayarit cuando Roberto Sandoval llegó a la gubernatura y Edgar Veytia a la Fiscalía estatal.
Aunque hubo más de mil testimonios de despojos presentados en la Comisión de la Verdad de Nayarit, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló 15 expedientes que involucran a mínimo 23 víctimas, 12 de ellas fueron secuestradas, otras 12 detenidas de forma arbitraria, más los casos de tortura.
El modo de operar consistía en identificar la propiedad, después actuaban policías encapuchados mediante amenazas, si las personas no accedían continuaban con detenciones arbitrarias e incluso tortura dentro de las instalaciones de la Fiscalía. Finalmente, las propiedades eran entregadas a los funcionarios.
Hasta agosto de 2019 existían 17 carpetas de investigación abiertas contra Édgar Veytia y 11 contra el ex gobernador Roberto Sandoval por despojo, extorsión y secuestro, señaló el fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano.
¿En dónde están los funcionarios acusados?
Los principales sospechosos de la red de corrupción en Nayarit en esos seis años hoy están detenidos por su relación con actividades con grupos criminales.
El pasado 6 de junio el exmandatario fue detenido en el municipio de Linares, Nuevo León, por la Fiscalía General de la República, acusado de enriquecimiento ilícito.
Además, el exgobernador enfrenta acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas hacia ese país.
El ex fiscal general de Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido en 2017 y cumple una sentencia de 20 años en Estados Unidos por tres delitos relacionados con el tráfico de narcóticos y vínculos con el crimen organizado.
Al evidenciar estos delitos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos recordó que ningún funcionario está detenido por las 47 desapariciones forzadas. Por ello, en próximos días se presentará una denuncia ante la Corte Penal Internacional para abrir una investigación formal por crímenes de lesa humanidad en México.
