Familiares de víctimas colocan contadores de impunidad en la Ciudad de México para denunciar la falta de avances judiciales. Casos como el de Miguel Ángel Rojas y Pamela Gallardo reflejan la crisis de justicia en México, donde más del 93% de los delitos no se denuncian ni investigan.
Escucha este especial con la producción de René de la Garza Betancourt.
Victor Raúl Ramírez
«El día de hoy colocamos este contador de días. Este contador marca día por día el tiempo que lleva detenida la audiencia inicial desde el 16 de octubre del 2025, no por falta de pruebas, no por inactividad de la fiscalía, sino por una orden judicial emitida desde estos juzgados.
Cada número que avance en este contador representa algo muy concreto, un día más en el que este edificio se vuelve cómplice de las empresas señaladas como responsables. Un día más en el que la decisión de una jueza provoca impunidad. Un día más en el que no se imputan responsabilidades y un día más en el que una familia tiene que seguir esperando justicia».
El pasado 22 de enero familiares y abogados del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas, fallecido durante el Festival Axe el 5 de abril del año 2025, al igual que su compañera Berenice Giles colocaron un contador de impunidad frente a los juzgados del Poder Judicial Federal. Ubicados en avenida Insurgentes Sur 2065 en la colonia San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón al sur de la Ciudad de México.
Ello debido a que han pasado más de 10 meses sin que se haya iniciado la audiencia inicial de este caso. Por lo cual ninguna empresa o persona ha sido imputada judicialmente por estos hechos. El contador de impunidad fue colocado para evidenciar el tiempo el proceso penal ha permanecido sin avances. Y tiene un contador de días con la fotografía del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas.
El caso de Pamela Gallardo suma más de nueve años sin avances en investigación
En una situación similar está el caso de la desaparición de la joven Pamela Gallardo Volante, ocurrida el 5 de noviembre del año 2017. Tras asistir a un festival de música electrónica en el kilómetro 13.5 de la carretera Picacho a Ajusco.
Han pasado más de 9 años de los hechos y aún no hay avances en las investigaciones. Por lo que la señora María del Carmen Volante, madre de Pamela, fundó el colectivo hasta encontrarles para buscar a su hija y denunciar los nulos avances en las indagatorias. Por ello, María del Carmen explicó que decidieron instalar un contador de impunidad frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
«Este contador fue la primera madre de la Ciudad de México que lo pone como diciéndole pues a la Fiscalía General que no había investigaciones y que llevábamos en su momento muchos días de la desaparición de Pame y cada día se va sumando esta cuestión de la desaparición de Pame y de muchos y muchas».
Y es que de acuerdo con datos de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2025, señala que de cada 100 delitos que se cometieron en México en el año 2024, el 93.2% no fueron denunciados ni investigados por las autoridades ante la impunidad que persiste en el sistema judicial de nuestro país.
@miguelangelroja67 Este contador de impunidad lo construimos con nuestras manos, para colocarlo frente a los Juzgados de Distrito, como un acto pacífico para recordar los días en que la audiencia inicial ha permanecido detenida. No es un acto de presión indebida, sino de memoria, de verdad y de la urgencia de que el proceso avance por las vías institucionales, con total respeto al trabajo judicial. Lo colocamos con cuidado, con amor y con la convicción de que las acciones ciudadanas deben ser escuchadas, no borradas. Y funcionó: la jueza ya resolvió el amparo 853/2025 que frenaba nuestra audiencia, así que el camino para vincular a proceso a los 11 principales responsables del colapso de la grúa puede continuar. En su resolución, la jueza señaló que “el interés particular no puede ni debe sobreponerse al colectivo, mismo que está interesado en que se lleve a cabo una investigación pronta y expedita”. Estamos de acuerdo: la justicia debe avanzar para todas las personas. Esta resolución no afecta las rutas de otras víctimas. Cada proceso puede avanzar por sus propias líneas, como ha ocurrido en casos como Ayotzinapa o la Línea 12 del Metro, donde con el tiempo se fueron abriendo distintas etapas y se formularon responsabilidades a diferentes actores conforme la verdad se fue esclareciendo. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este camino. #HoySomosTodoPorMiguel #LaJusticiaQueTardaNOEsJusticia #justiciaparabereymiguel ♬ Cosmic - Amanda Rosa
Activistas y especialistas señalan que estas acciones son estrategias para evitar el olvido y exigir justicia
Rocío Ruiz Lagier, doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, comentó que las víctimas y sus familiares tienen que recurrir a este tipo de medidas para no quedar invisibilizados.
«En un régimen en un sistema en el que hay impunidad en el que las víctimas no encuentran justicia, entonces tienen que enseñar, construir estrategias colectivas al margen, digamos, más allá del estado y de las posibilidades que da el estado para hacerse visibles, para denunciar, para que se siga hablando de ellos y para demandar justicia.
Creo que es muy importante entender que hay otros espacios, no sé, las fiscalías, los juzgados, el Ministerio Público, donde las víctimas o los familiares de las víctimas pasan gran parte del tiempo en un desgaste burocrático al que muchas de las veces no avanzan no llega nada a sus casos y se pierden en el anonimato o en la soledad».
La activista María del Carmen Volante advirtió que los contadores de impunidad son una alerta para las familias que tienen personas desaparecidas y para que los servidores públicos hagan bien su trabajo.
«El que pongamos un contador, que yo soy la primera madre iniciadora de los contadores en la Ciudad de México, sumando todos los días que va desaparecida Pame, es una alerta para todas y todos los que tenemos personas desaparecidas, pero para los servidores públicos, porque para mí no son autoridades, para mí son servidores públicos que están bajo un dinero que nosotros pagamos.
Mi hija desaparecida les paga y que no hacen las respectivas diligencias oportunas y eficaces para su localización».
Y este tipo de marcas de memoria como los contadores de impunidad y los antimonumentos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y el de los menores muertos en el incendio de la guardería ABC incomodan al Estado mexicano, comentó Rocío Ruiz Lajier.
«Montón de casos diversos, casos de violaciones a los derechos humanos que no han visto, que no se ha obtenido justicia. Entonces, estas marcas de memoria de distinta índole son marcas sí memoriales, antimonumentales, diríamos, anti porque va en un sentido, digamos, opuesto a lo que un monumento desde el poder tradicional quiere enaltecer, lo que decíamos, personajes o momentos. Y lo que más bien están recordando y señalando es aquí hubo un suceso trágico, violento al que el Estado no le ha dado respuesta.
Entonces, ese recordatorio de impunidad incomoda al Estado».
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el programa sectorial de anticorrupción y buen gobierno 2025-2030. Para combatir la impunidad que está enfocado en fortalecer la cultura de la denuncia y se busca que el cumplimiento de la ley sea más atractivo que su violación, fortaleciendo la investigación y la denuncia confidencial.
En conclusión, para lograr avances en la lucha contra la impunidad, el Estado mexicano debe reforzar la profesionalización de los ministerios públicos. Además de fortalecer aún más la autonomía de las fiscalías y promover la participación ciudadana.
Te recomendamos:
Familia de Berenice Giles denuncia rezago en investigaciones
