Comunidades proponen regular empresas para proteger derechos humanos, ambiente y prevenir conflictos socioambientales.
Natalia Matamoros
Comunidades indígenas, colectivos de personas trabajadoras y defensoras del territorio, proponen la creación de un marco regulatorio que obligue a las empresas, contratistas y cadenas de suministro a evaluar y gestionar sus riesgos e impactos sobre las personas y la naturaleza.
La idea, según Alexandra Haas, representante de la Confederación Internacional de Organizaciones no Gubernamentales, conocida como OXFAM, es que existan reglas claras para que las empresas respeten los derechos humanos de los trabajadores, que cuiden el ambiente. Indicó que un marco legal con una debida diligencia empresarial en esta materia reduce conflictos sociales como bloqueos y litigios y da certeza jurídica a quienes invierten, así como también se establece condiciones laborales justas.
Hass expuso que manejan una base de 250 comunidades en 15 entidades federativas, entre maquiladoras, defensores ambientales y de territorio, trabajadoras del hogar, jornaleros y empleados de plataformas digitales, afectados por la actividad minera, contaminación, explotación laboral y falta de reivindicaciones sociales justas.
“Queremos que las instituciones del Estado mexicano cobren conciencia de la importancia que tiene establecer un marco normativo adecuado para regular la actividad empresarial y sobretodo para prever los conflictos a través de mecanismos de, por ejemplo, debida diligencia empresarial o de consulta previamente informada, entre otros. Lo que nosotros observamos en México es que hay más de 400 conflictos socioambientales, según lo que reporta el Observatorio de la Universidad Iberoamericana, tenemos un tema muy serio de conflictos socioambientales y el problema es que cada nuevo conflicto es un proceso de resolución muy largo con daños que luego resultan irreparables”.
Llamado al Estado mexicano
Presentarán la iniciativa ante los representantes de las cámaras de senadores y diputados, así como al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, quien ha llevado casos de comunidades perseguidas y violentadas por la defensa de los territorios.
Este planteamiento busca la instalación de mesas de trabajo con estas autoridades para crear una regulación justa para los trabajadores, defensores ambientales y comunidades, y así, poner fin a las desigualdades. Así lo expone, Arturo González:
“El plan de acción a partir de hoy es la búsqueda de sesiones en las dos cámaras para exponerles a los senadores y diputados la necesidad y el porqué de este planteamiento de este nuevo marco normativo y de las reformas de estas leyes que puedan implementar, principalmente la Ley de Economía y Medio Ambiente en México y son quienes a final de cuentas deciden los marcos normativos en el país y la implementación de los paquetes que permiten la puesta en marcha de esas inversiones en México”.
Impacto en los territorios
Magdalena Navarro es habitante de la Sierra Norte de Puebla y ha sido testigo de cómo las empresas mineras levantan sus proyectos extractivos, sin consulta previa a las comunidades, cómo intervienen los territorios y contaminan los mantos acuíferos sin reparación de los daños causados. En su comunidad padecen escasez de agua y contaminación por las prácticas extractivas de oro y plata.
“Tenemos una concesión de oro y plata que eso lo primero que afecta es el agua para la gente, de las comunidades sería extraída para lavar el oro y la plata. Entonces si se tiene como tal la carencia de agua porque dependemos de los territorios, de los animales, entonces si el agua está contaminada todo eso nos afecta. Afecta el ecosistema, afecta el medioambiente. También en otra de las empresas, es una empresa que está en la Sierra Norte que se llama Feltespasto. Teníamos conocimiento que solo era una empresa, ahorita no, ahorita son 30 empresas aliadas con diferentes nombres y cada cierto tiempo le cambian el nombre a sus concesiones para que no sean rastreadas y ellos tienen concesiones de agua”.
La propuesta busca equilibrar la actividad empresarial con los derechos humanos y la protección ambiental. El reto será convertirla en leyes efectivas que prevengan conflictos. Solo así podrá avanzarse hacia un desarrollo más justo.
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