El presidente López Obrador anunció su creación, tras dialogar con familiares de personas desaparecidas este lunes en Palacio Nacional.
IMER Noticias
El gobierno federal busca el esclarecimiento de al menos 542 desapariciones forzadas cometidas en México durante la llamada “Guerra Sucia”, un periodo que abarcó las décadas de los 60, 70 y 80.
Para ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una comisión de la verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición.
Este fue el acuerdo al que llegó con familiares de las víctimas desaparecidas en ese periodo durante una reunión privada en Palacio Nacional.
La creación de esta comisión era una exigencia que se mantenía desde hace 21 años. Además, será el segundo intento por aclarar los delitos cometidos por el Estado en esas tres décadas.
La primera ocasión que se investigaron las desapariciones de la “Guerra Sucia” fue en el sexenio del ex presidente Vicente Fox con la formación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado a finales de 2001.
En cinco años de trabajo, su mayor logro fue llevar ante un tribunal al ex presidente Luis Echeverría por las agresiones y asesinatos en contra de estudiantes el 2 de octubre de 1968.
No obstante, en abril de 2006, Vicente Fox anunció la desaparición de la fiscalía y el cierre de la institución se concretó un año después con la administración de Felipe Calderón.
Discrepancias en cifras
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene documentados 542 casos de desaparición forzada entre 1965 y 1986.
No obstante, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México estima un total de mil 200 personas.
En noviembre de 2005, ocho colectivos de familiares de personas desaparecidas publicaron un informe sobre la eficacia de la fiscalía que investigó estos hechos y apuntó lo siguiente:
“La Fiscalía sufrió el abandono presidencial y originó posturas divergentes y contradictorias durante el sexenio”.
En la investigación de las desapariciones forzadas incumplió en “la obligación de procurar justicia integral a las víctimas, nulos resultados en la localización de las mismas y renuencia en la aplicación de criterios y tratados internacionales”.
“La actuación del Poder Judicial Federal dista mucho de su mandato para realmente procurar justicia ante las sistemáticas violaciones a derechos humanos cometidas”.
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