En ese municipio de Chiapas, indígenas se armaron para desalojar a pobladores de la comunidad de Esquipulas Guayabal.
Escucha la entrevista completa con Fermín Ledesma, director del Centro de Lengua y Cultura Zoque.
IMER Noticias
Un conflicto agrario en una pequeña comunidad indígena de Chiapas ha dejado a varias personas desalojadas de sus viviendas, algunas heridas y al menos una familia que no ha aparecido.
Fermín Ledesma Domínguez, investigador del Centro de Lengua y Cultura Zoque, explicó que los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana del domingo, cuando indígenas tzotziles armados con fusiles de asalto ingresaron a la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, para sacar a las familias pobladoras.
Pero esto tiene una historia de muchos años.
La disputa de más de dos mil hectáreas de tierras a las faldas del volcán Chichonal lleva 19 años, cuando en 2002 el gobierno federal creó un programa denominado Procede, para la regularización de tierras, e intervino ahí en Chiapas.
En palabras de Ledesma, lo que Procede provocó fue encono entre tzotziles y zoques, que llevaron el asunto hasta un Tribunal Agrario, sin que se quedaran contentas ambas partes.
Fue en 1982 cuando el volcán hizo erupción y los ejidatarios tuvieron que reinstalarse en la comunidad de Rayón, pero en 1996 empezaron a volver a ocupar sus terrenos. También hizo lo mismo gente que no tenía títulos de propiedad y ahí empezó el conflicto.
“Para nosotros, en el Centro de Lengua, esto no es un conflicto intercomunitario, es decir, entre comunidades; de pronto, el Estado ha argumentado que los problemas en Chiapas es entre comunidades, como el caso de Acteal y otros más, pero para nosotros el fondo de este problema es la forma de la impartición de justicia agraria y me parece que en este caso la responsabilidad recae concretamente de manera inmediata en el Tribunal Agrario y en el programa Procede que, en el caso de Chiapas, dejó una serie de conflictos indefinidos que evidentemente los campesinos lo están resolviendo ante los tribunales agrarios”.
El Centro había advertido de un conflicto más grave desde 2016, pero tampoco el Estado mexicano se encargó de atender la amenaza latente.
“En algunos casos, los campesinos han llegado a esperar hasta 40 o 50 años la resolución de un conflicto agrario y me parece que ahí está una estrategia del Estado por dejar que los conflictos se alarguen”.
