“Abiertos a cooperación, pero no así”: México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones

ONU busca escalar el caso de desapariciones en México; el gobierno rechaza el informe por considerarlo sesgado y desactualizado.

 IMER Noticias

El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas decidió solicitar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que remita con urgencia la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de Naciones Unidas.

 

El procedimiento es de carácter preventivo y tiene como objetivo movilizar la atención y el apoyo internacionales (como cooperación técnica y ayuda financiera). Más que establecer una responsabilidad penal individual.

 

El Comité informó que, de acuerdo con información presentada por la sociedad civil, existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad.

 

Sin embargo, no halló pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea por acción u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma.

 

El Comité tomó nota de la posición de México de que muchas desapariciones en el país son cometidas por grupos criminales y no por agentes estatales. Por lo que no deberían clasificarse como desapariciones forzadas. No obstante, destacó que, en algunos de los casos denunciados, había recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

 

Respecto a la magnitud de la crisis en México, el Comité señaló que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas aún no ofrece una imagen clara de cuántos casos registrados corresponden a desapariciones forzadas. Sin embargo, la magnitud de estos casos subraya la gravedad de la situación.

 

 

México rechaza informe de la ONU sobre desapariciones en México

 

Las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores rechazaron el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. En un comunicado conjunto, afirmaron que, si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Pues omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo.

 

«Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 –administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución».

 

Asimismo, lamentaron que el Comité haya rechazado estudiar la información actualizada que proporcionó el Estado mexicano antes de publicar su resolución.

 

La Secretaría de Gobernación y la Cancillería también señalaron que hubo falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité y conflictos de intereses de algunos de sus integrantes. Pues existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.

 

Reafirmaron que el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltaron que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

 

Sentenciaron: “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.”

 

«Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.».

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