A 11 años del derrame tóxico en el río Sonora las comunidades cercanas continúan enfrentando graves consecuencias de contaminación.
Escucha nuestra conversación de Natalia Matamoros a 11 años del ecocidio en Río Sonora.
Natalia Matamoros
La contaminación del río Sonora es uno de los desastres ambientales más significativos en la historia reciente de México.
Este río, vital para miles de personas en el estado de Sonora, fue gravemente afectado por un derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014, cuando una falla en la contención de residuos de la minera Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, provocó el vertido de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, afluente del río Sonora.
El derrame alteró la calidad del agua, contaminando no solo el río, sino también pozos, arroyos y tierras en los municipios como:
- Arizpe
- Banámichi
- Baviácora
- Aconchi
- San Felipe de Jesús
- Huépac
- Ures
Cerca de 22 mil habitantes de las comunidades ribereñas dependían del río para abastecerse de agua y ejercer actividades agrícolas, ganaderas y de uso doméstico.
A pesar de la magnitud del desastre, muchos pobladores denunciaron falta de respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades y una gestión poco transparente de los recursos destinados a la remediación.
Desde el primer momento en que se produjo la emergencia ambiental, hubo hermetismo por parte de la empresa y de los gobiernos federal y estatal. Así lo expone Filomena Bonilla, habitante de San José de Gracia. Ella recuerda que los vecinos se enteraron del derrame, porque notaron una mancha color naranja en la superficie del río.
“No se dio aviso de momento, sino hasta que empezamos ver correr el agua fueron a notificar lo que estaba sucediendo. Llegaron las autoridades y a las personas que trabajan en la ganadería, en el ordeño de las vacas les hicieron tirar el líquido, la leche, todo lo que tenían de esos días por la contaminación y por el derrame empezaron a decir, pero ya tenía días que se veía el agua sucia, nada más que no se nos había informado”.
Han transcurrido once años desde ese entonces y los estragos causados por el derrame persisten como una herida abierta que no ha cicatrizado, pues las comunidades aún esperan por las obras y los monitoreos prometidos para reparar el daño ambiental.
Fideicomiso cerrado
Según Luis Franco, representante de la organización Poder, encargada de fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina, el Grupo México creó un fideicomiso para reparar los daños causados por el derrame a la salud de cientos de personas y otras repercusiones ambientales.
Pero en 2017, este fideicomiso fue cerrado sin previo aviso, dejando a las comunidades afectadas a la deriva, pues no se construyeron las plantas de tratamiento ofrecidas por Grupo México para sanear el agua, ni un hospital especializado para atender a la población.
«La empresa pagó alrededor de 1,100 millones de pesos, aunque el fideicomiso estaba estimado en 2,000 millones. Al alcanzar esa cifra, Grupo México argumentó ante Profepa y Semarnat que el daño al río ya había sido remediado, por lo que cerraron el fideicomiso y devolvieron 200 millones. En lugar de atender la salud ambiental, los recursos se usaron en salarios y plantas potabilizadoras que hoy están abandonadas».
Esta medida ejercida por Grupo México devino, explicó Franco, en una demanda que condujo a un dictamen emitido en el año 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reabrir el fideicomiso; hasta ahora, este compromiso no ha sido cumplido por la minera.
«La Corte ordenó reactivar el fideicomiso y formar un nuevo comité técnico, pero el Gobierno Federal no ha hecho cumplir esta decisión. Todo ha quedado en promesas y reuniones sin transparencia.»
A 1⃣1⃣ años del derrame tóxico de #GrupoMéxico, no existe compromiso para reparar y remediar el #RíoSonora.
Seguiremos alzando la voz por la vida y el futuro de la cuenca.📢
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Obras sin fecha
A más de una década del derrame tóxico ocurrido en el río Sonora, las comunidades cercanas continúan enfrentando graves consecuencias ambientales, económicas y de salud. Antonio Romo, integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora, advirtió que la contaminación persiste en pozos y en el afluente, con presencia confirmada de metales pesados como plomo, arsénico, manganeso y cobre.
Los análisis realizados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua confirman que, durante la temporada de lluvias, los niveles de toxicidad aumentan, afectando la salud de los habitantes con síntomas como:
- Dermatitis
- Manchas en la piel
- Problemas respiratorios.
En 2023, la Secretaría de Salud aplicó pruebas médicas a la población, pero Romo denuncia una deuda asistencial: quienes necesitan atención especializada por intoxicación no la han recibido, y la falta de orientación nutricional adecuada pone en riesgo su salud.
Agricultura afectada
El desastre también afectó la producción agrícola y ganadera. Las tierras ya no rinden como antes y persiste el temor a consumir productos cultivados en la zona. A pesar de las solicitudes para analizar alimentos, las autoridades no han respondido.
Para José Alberto Burquez, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, la ausencia de monitoreo constante refleja una falla institucional grave. No existe un control sistemático sobre la calidad del agua ni sobre los niveles de metales pesados.
“La Corte ordenó crear un nuevo comité técnico y reactivar el fideicomiso con fondos suficientes para la remediación. Sin embargo, el Gobierno Federal no ha logrado hacer cumplir esta obligación a la empresa. Todo ha quedado en promesas y reuniones a puerta cerrada, sin transparencia hacia las comunidades.”
En mayo de 2025, organizaciones civiles se reunieron con autoridades federales y estatales para reactivar el plan de construcción de 36 plantas potabilizadoras, un centro toxicológico y una clínica especializada. Sin embargo, no hay fechas, presupuestos ni responsables asignados, lo que mantiene la incertidumbre entre los habitantes.
El arte como canal de protesta
A once años de este episodio, la comunidad reclama, a través del arte, soluciones concretas. Por estas fechas pintan murales, presentan obras con títeres, música y cuentos. También organizan talleres dirigidos a los estudiantes para que conozcan los hechos y se rinde homenaje a los activistas que han fallecido durante la lucha por un ambiente sano.
Norberto Bustamante, Patricia Velarde y Francisco Miranda, murieron sin recibir asistencia especializada, pese a que presentaban síntomas compatibles con intoxicación de metales pesados. Estas actividades son un recordatorio y un llamado urgente a la no repetición, que incluya sanciones para los responsables, monitoreo permanente e inclusión comunitaria en los planes de saneamiento.
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