El Presidente Enrique Peña Nieto, a través del consejero jurídico del gobierno federal, Humberto Castillejos Cervantes, vetó el artículo 32 de la ley general de responsabilidades administrativas, que forman parte de la llamada “ley 3 de 3”, la cual devolverá al senado, para que en sesión extraordinaria, analicen los incisos b y c, donde señalan que todo particular o empresa que ejerza o reciba recursos públicos o que contrate cualquier instancia de gobierno deben presentar sus declaraciones patrimoniales y declaración de intereses.
En el senado no se vieron las consecuencias con respecto a esta ley, con respecto al sistema de anticorrupción. Queda pendiente la reforma con respecto al artículo 29 que lo más seguro es que no se toque, puesto que se relacionan conceptos, a los servidores públicos se les dará a conocer información acerca de sus bienes y hay argumentos claros acerca la defensa de sus derechos a la privacidad de la información.
