David Pérez de Tejada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de votos, resolvió atraer el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 a manos del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la llamada Guerra Sucia.
El caso impulsado incansablemente por su hija, Tita Radilla, derivó en 2009 en una sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano.
Aunque en 2011 la Suprema Corte determinó que las sentencias de dicho tribunal internacional son obligatorias, a la fecha ningún responsable ha sido llevado ante la justicia.
Caso Radilla llega a la Suprema Corte
El asunto llegó a las manos de la Corte a través de un amparo promovido por la familia.
Al aceptar la atracción del caso, una propuesta que hizo suya la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el máximo tribunal del país tendrá la oportunidad de definir un precedente histórico.
La corte respondería , si las omisiones atribuidas a diversas autoridades del estado mexicano en la búsqueda de Rosendo Radilla y en la investigación de su desaparición forzada durante la Guerra sucia en nuestro país constituyen violaciones graves a los derechos de búsqueda verdad acceso a la justicia y recurso efectivo sin invadir ámbitos técnicos de las autoridades ministeriales y administrativas
“Se trata de hechos acontecidos en la etapa de la historia de nuestro país que se conoce como la guerra sucia. En este caso en particular, hechos acaecidos en la década de los 70s, 1974 específicamente y creo que sí tiene la relevancia y trascendencia necesaria para que se atraiga por la Corte.”
🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN determinó atraer un juicio relacionado con la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el contexto de la llamada “guerra sucia”.
— Suprema Corte (@SCJN) September 21, 2026
⚖️ El asunto permitirá definir los alcances de las obligaciones… pic.twitter.com/AHrtQSRUqk
Antecedentes del amparo
En 2024, la jueza de Distrito Karla Macías calificó la desaparición como un acto de «terrorismo de Estado» y ordenó a la Fiscalía General de la República acelerar las investigaciones y las acciones de memoria.
La resolución fue impugnada por distintas autoridades. Posteriormente, seis de los recursos quedaron sin efecto y se mantuvieron únicamente los promovidos por dos ministerios públicos.
La trayectoria judicial del caso
La Suprema Corte no había revisado el asunto porque en 2025, la Fiscalía General de la República promovió un impedimento contra la ministra Ortiz Ahlf, Alegando que una reunión previa de la ministra con Tita Radilla y un mensaje que publicó en redes sociales sobre el caso evidenciaban parcialidad y un adelanto de criterio. Sin embargo, el 21 de enero de 2026, el pleno declaró infundada la recusación.
Con esta decisión de atraer el amparo, la Suprema Corte abre la puerta para revisar a fondo las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y marcar un antes y un después en los casos de desaparición forzada en el país.
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