A 20 años de la represión contra la APPO, sigue pendiente la presentación con vida de dos desaparecidos, y justicia por los 26 asesinatos.
Escucha nuestra conversación con Flavio Sosa a 20 años de la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
IMER Noticias
A dos décadas persisten las demandas de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión contra el movimiento magisterial y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), afirmó Flavio Sosa, actual secretario de las Culturas y Artes del estado y uno de los principales dirigentes de aquel movimiento.
La madrugada del 14 de junio de 2006, policías estatales desalojaron de manera violenta el plantón que mantenían maestras y maestros en el Zócalo de Oaxaca por órdenes del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz. El operativo derivó en enfrentamientos que permitieron al magisterio recuperar el control de la plaza pública y detonaron la creación de la APPO, organización que reunió a pueblos, comunidades y decenas de colectivos sociales con una exigencia central: la renuncia del mandatario estatal.
En entrevista para la Primera Emisión de IMER Noticias, Sosa recordó que, pese al paso del tiempo, siguen sin resolverse casos emblemáticos relacionados con desapariciones y homicidios ocurridos durante el conflicto.
“Lo primero que está pendiente es la presentación con vida de los dos desaparecidos, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero también el castigo por los 26 asesinatos de compañeras y compañeros del movimiento, que fueron asesinados durante el 2006, en el contexto del movimiento precisamente”, señaló.
El exdirigente de la APPO sostuvo que los hechos ocurridos durante la represión deben ser investigados como graves violaciones a los derechos humanos.
“Son crímenes de lesa humanidad, porque también hubo tortura, porque también hubo las desapariciones, porque hubo encarcelamientos masivos”, afirmó.
Sosa recordó que la Comisión de la Verdad de Oaxaca, creada por el Congreso estatal y cuyos resultados se dieron a conocer en 2016, documentó responsabilidades de servidores públicos por acción u omisión en hechos relacionados con desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias.
Entre las personas señaladas figuraron el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz y los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
El funcionario estatal aseguró que las víctimas y organizaciones sociales continúan impulsando acciones legales para que los responsables sean sancionados.
“Llevamos el caso hasta La Haya, pero esperamos encontrar justicia en instancias locales; esperemos que ese expediente se reabra y se castiguen a los culpables. Algunos de ellos todavía están vivos y deben ser castigados”, expresó.
Flavio Sosa también rememoró su propia detención ocurrida en diciembre de 2006, cuando fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad acusado de diversos delitos relacionados con el movimiento social.
“Recordarás que cuando me detienen a mí, transmiten en vivo mi detención por la televisión abierta, y todos los periódicos se sincronizan, todos los medios de comunicación. Es más, mi detención fue programada una hora antes de los noticieros estelares de la noche, para que fuera así transmitido en vivo mi encarcelamiento al penal de máxima seguridad de Almoloya, como si yo fuera un gran criminal”, relató.
El exlíder social señaló directamente a diversos funcionarios federales y estatales de haber participado en la estrategia de represión desplegada contra el movimiento oaxaqueño.
“Es Vicente Fox Quesada, es Felipe Calderón, es Ulises Ruiz Ortiz. Genaro García Luna estuvo operando directamente a nivel federal la intervención contra el pueblo de Oaxaca, desde la llegada de la Policía Federal Preventiva, un día antes”, aseguró.
De acuerdo con Sosa, la actuación de las autoridades respondió al contexto político nacional derivado de la elección presidencial de 2006 y al temor de que las movilizaciones se extendieran a otras entidades del país.
“Ellos tenían mucho temor de que en el contexto del fraude electoral otros estados pudieran levantarse, y fue que lanzaron esta estrategia que tiene que ver con el uso de grupos paramilitares e incluso la subvención de grupos de la delincuencia organizada para perseguir al movimiento social en Oaxaca”, sostuvo.
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