Guardería ABC: Los nombres de la impunidad

A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, familiares denuncian impunidad y protección política a funcionarios y particulares señalados. Mientras el caso sigue en revisión ante instancias internacionales.

Rafael Burgos

A 17 años de distancia, la impunidad en la tragedia de la guardería ABC se esconde en un blindaje institucional que ha protegido sistemáticamente a las cúpulas del poder. En los reclamos de las familias agrupadas en el movimiento 5 de junio y la sociedad civil resuenan personajes que operaron bajo la sombra del fuero y las influencias políticas. En el centro de las acusaciones a nivel federal se encuentran el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

 

De acuerdo con revelaciones del exministro Arturo Saldivia, desde la presidencia de la República se protegió una auténtica operación de estado para bloquear las investigaciones judiciales. El motivo, proteger directamente a la familia de su esposa Margarita Zavala, hoy diputada federal y antes intentó ser candidata presidencial.

 

«Me contaron sus papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema».

 

Ese vínculo familiar directo benefició a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la ex primera dama y copropietaria de la guardería. A pesar de ser una de las dueñas del establecimiento donde los menores se encontraban completamente desprotegidos, fue exonerada formalmente de todo cargo penal a los pocos años de la tragedia. Jamás pisó la cárcel.

 

 

Funcionarios vinculados al caso fueron exonerados

 

Juan Molinar Horcasitas dirigía el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se autorizó el esquema de guarderías subrogadas, considerado uno de los principales factores que formó parte de la cadena de responsabilidades en el incendio. Nunca fue acusado, murió en 2015.

 

Daniel Karam, quien era director del Instituto Mexicano del Seguro Social el día de la tragedia, también fue exonerado. Actualmente se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill & Knowlton consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York. En el ámbito estatal, el exgobernador de Sonora por el PRI, Eduardo Bours Castelo, ha sido señalado por años como el principal responsable político con la entidad.

 

Y es que el fuego se originó debido al almacenamiento negligente de materiales en una bodega de la Secretaría de Finanzas del Estado ubicado junto a la guardería. A pesar del evidente desastre administrativo y de protección civil de su gobierno, Bours Castelo terminó su mandato con total normalidad y nunca pisó los tribunales. Con los años salió de la escena política. Junto a él, el entonces procurador de justicia local Abel Murrieta, condujo las primeras indagatorias señaladas de desviar el caso y va a ser investigado por obstrucción. Sin embargo Luego en 2021 fue asesinado a balazos en Ciudad Obregón, cuando era candidato a un cargo de elección popular.

 

Gándara y Pavlovichs: Los que siguen en la escena pública

 

Ernesto Gándara era alcalde de Hermosillo cuando ocurrió la tragedia. Fue exonerado con la gubernatura en 2021 y hoy se mantiene como referente de la oposición en Sonora. Mientras las familias estaban en duelo por las víctimas del incendio, varios de los señalados hicieron carrera.

 

Claudia Pavlovichs, entonces diputada local, firmó cartas defendiendo a los dueños de la guardería, a quienes llamó personas honorables con las investigaciones todavía abiertas. Después fue la primera gobernadora de Sonora, luego cónsul de México en Barcelona y el año pasado fue ratificada como embajadora de México en Panamá.

 

 

¿Qué pasó con los funcionarios de menor rango que sí fueron sentenciados?

 

En 2016 se dictaron condenas contra 22 implicados, incluyendo delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social y directores locales. Sin embargo, el poder judicial redujo drásticamente las penas originales que alcanzaban hasta los 28 años, permitiendo que la mayoría llevará sus procesos en libertad o purgar a condenas reducidas fuera de prisión.

 

La evasión de la justicia llegó a extremos internacionales. A finales de 2025, tras años prófugos, las autoridades estadounidenses detuvieron en Arizona a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil de Hermosillo y a Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la guardería. Telles Nieves ya fue deportada y entregada a México donde permanece recluida en el centro de reinserción social femenil de Hermosillo. Copado Gutiérrez por su parte fue extraditado a México el miércoles pasado por las autoridades de Estados Unidos.

 

Ambos deberán cumplir sentencias que tras una larga cadena de amparos quedaron reducidas de 28 años a apenas 5 años y 7 meses de prisión. Hoy el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en etapa de fondo para determinar la responsabilidad del Estado mexicano.

 

17 años después el saldo de la impunidad incluye a dos personas en prisión con penas mínimas, altos funcionarios en libertad, algunos incluso con nuevos cargos públicos y la certeza para madres y padres de que cada 5 de junio hay que salir a marchar de nuevo exigiendo justicia.

 

 

Por su parte, el Movimiento 5 de Junio convocó a familiares, ciudadanos y organizaciones solidarias a participar este jueves en una misa conmemorativa en honor a las niñas y niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC. La ceremonia religiosa se llevará a cabo a las 10:00 horas en la Iglesia San José.

 

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