Gobernadores y políticos de oposición, entre ellos Maru, Alito y Samuel tienen investigaciones abiertas por corrupción y otros delitos.
David Alfonso Medina
Gobernadores y legisladores de oposición como «Maru», Samuel, «Alito», entre otros, tienen investigaciones abiertas por permitir la operación de agencias extranjeras y por su presunta participación en casos de corrupción.
Tal es el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien enfrenta investigaciones por la presencia y muerte de agentes de Estados Unidos (EU) en esa entidad.
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos carpetas de investigación por la presunta violación a la soberanía nacional debido a la operación de personal de agencias de EU en Chihuahua.
Los agentes estadounidenses habrían participado en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara.
Los grupos parlamentarios de Morena y el Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados solicitaron un juicio político para destituir a Campos Galván. La señalan por violar la Constitución y la soberanía nacional.
Caso Samuel García
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, tiene una investigación abierta por presunta triangulación de dinero, desvío de recursos públicos y lavado de dinero.
La FGR investiga un esquema en el que más de mil millones de pesos habrían pasado por un despacho jurídico y fiscal vinculado al mandatario estatal, cuyo nombre es Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
Las indagatorias indican que los recursos provenían de dependencias estatales, organismos públicos y contratistas. En el esquema participan Samuel Orlando García, padre del gobernador de Movimiento Ciudadano, y su hermano, Samuel García Villarreal.
Caso Cabeza de Vaca
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha enfrentado procesos de desafuero e investigaciones por la Fiscalía General de la República.
La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investigaron a Cabeza de Vaca por supuesta triangulación de recursos y enriquecimiento ilícito. La investigación lo vinculó con la compra de propiedades de lujo y encontró presuntos nexos de Cabeza de Vaca con el crimen organizado.
En abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces gobernador de Tamaulipas, acusado de una presunta defraudación fiscal por 6.5 millones de pesos.
Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas resolvió no homologar el desafuero. Esta decisión generó una controversia constitucional que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó en febrero de 2026 un amparo que protegía al exgobernador. Con ello, la Corte permitió la continuidad del proceso judicial en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Caso Alejandro Moreno
La Fiscalía de Campeche mantiene activo el proceso de desafuero en contra del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
La autoridad local lo acusa de un presunto desvío de 83.5 millones de pesos; además, lo señala por peculado y enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador.
En 2022, las autoridades competentes rechazaron una solicitud de desafuero tras una serie de amparos y un proceso complejo.
Sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua presentó nuevas denuncias posteriormente, las cuales incluyen cinco cargos distintos.
Actualmente, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Hugo Eric Flores, analiza el caso.
Caso Ricardo Anaya
El senador panista Ricardo Anaya Cortés fue acusado en 2021 por lavado de dinero y asociación delictuosa relacionadas con el caso Odebrecht.
Tras las investigaciones en su contra, Anaya Cortés se autoexilió en Estados Unidos.
La Fiscalía General de la República abrió una investigación contra el panista por sobornos de 6.8 millones de pesos para aprobar reformas legislativas del llamado Pacto por México.
En 2024, Anaya Cortés obtuvo una senaduría por la vía plurinominal y regresó a México gracias a la protección que le brinda el fuero como legislador.
Actualmente, la investigación contra el excandidato presidencial se encuentra estancada debido a la protección que le otorga la inmunidad procesal.
Te recomendamos:
