Natalia Matamoros
Representantes de comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina protagonizaron una protesta frente a la Cámara de Diputados, en San Lázaro, para solicitar la aprobación de una reforma que prohíba la exploración de gas no convencional, al advertir que este método pone en riesgo el agua, la salud y el territorio de cientos de localidades.
La solicitud está respaldada por al menos 120 firmas recabadas en asambleas comunitarias realizadas en la región, donde los pobladores manifestaron su rechazo a los proyectos de extracción de hidrocarburos impulsados por Petróleos Mexicanos (PEMEX). De acuerdo con los inconformes, estas actividades podrían contaminar los mantos acuíferos de más de 300 comunidades.
Rosa Peña, productora agrícola, denunció que el uso de químicos y grandes volúmenes de agua en esta técnica representa una amenaza directa para la vida rural.
Indicó que dentro del plan 2025 – 2035 PEMEX busca explotar gas no convencional para reducir la dependencia de este hidrocarburo, importado desde Estados Unidos. Aunque la propuesta es sustentable, ella manifiesta que generaría graves impactos ambientales.
“Entregamos un ejemplo de un acta comunitaria que es la del Ejido El Cristiano para que ellos se den cuenta del contenido de rechazo al fracking. Este es un ejemplo, pero diciéndoles que llevamos 150 actas que ya se han levantado y que estamos continuando para tener más.También tenemos un escrito dirigido a Kenia López, donde se pide el procedimiento legal del Congreso para que prohíba de forma definitiva el fracking en México, modificando el artículo 27 constitucional. Son 123 firmas, 80 comunidades, de 7 municipios”.
Hermelinda Vázquez, productora agrícola de la región, advirtió que hasta 367 comunidades, equivalentes al 70% de la población de la zona, podrían verse afectadas por estos proyectos.
Para ella los riesgos no sólo se limitan al agua, sino también a los cultivos y a la seguridad alimentaria, por lo que calificó estas iniciativas como “una declaración de muerte contra el territorio”.
“Contamina la tierra, el aire, el medio ambiente y todo. Nosotros cultivamos maíz, naranja y otros cítricos. Lo que nos sostiene, por ejemplo, sembramos Chile, tomate, cebolla. No compramos porque nuestra tierra es productiva, es fértil, pero si llega el megaproyecto, lo que es fracking para nosotros sería la muerte porque se acabaría, el agua ya no podríamos tomar. Nos han contado los de Papantla en Veracruz que sus aguas están contaminadas. Si le pones un cerillo se prende el agua, imagínese”.
Resistencia comunitaria
Mientras tendía una lona sobre la banqueta que explicaba las consecuencias negativas de la exploración de gas no convencional, Gerarda Reyes recordó que en décadas anteriores ya se han intentado implementar proyectos de extracción mediante esta técnica en la Huasteca, los cuales han sido detenidos gracias a la organización comunitaria.
Explicó que las comunidades han impulsado asambleas, foros informativos y movilizaciones para alertar sobre los riesgos y defender sus recursos naturales.
“Yo era una niña todavía pero me acuerdo que hubo una iniciativa en ese año. Hubo petroleros averiguando si había petróleo, lo que yo tengo entendido es que sí hay petróleo en la región Huasteca y desgraciadamente están otra vez con la iniciativa de explorar esas tierras, cosa que no queremos y no permitimos. Aquí nos afecta mucho, la cuestión de nuestras aguas. La región Huasteca lo que es Huehuetlán, si nos afectaría bastante eso. Porque varias comunidades ocupamos el pozo”.
El reclamo se da en un contexto nacional marcado por el debate sobre la exploración de gas no convencional, ya que el gobierno federal ha abierto la puerta a evaluar su implementación con nuevas tecnologías menos contaminantes para reducir la dependencia energética, lo que ha generado críticas de organizaciones ambientales y comunidades que advierten sobre sus posibles impactos.
Los manifestantes informaron que buscan concretar una reunión con integrantes de la comisión legislativa que lleva el tema, con el objetivo de que sus demandas y firmas sean escuchadas y consideradas en el proceso legislativo.
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