El relator de la ONU Marcos Orellana advierte sobre 50 zonas de sacrificio en México, con graves impactos por contaminación industrial, residuos y minería, y pide fortalecer la justicia ambiental.
Natalia Matamoros
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana manifestó su preocupación por la proliferación de zonas de sacrificio en México que, a su juicio, suman cerca de 50 en todo el país. Estos son territorios donde las comunidades viven expuestas a altos niveles de contaminación por la actividad industrial o manejo de residuos peligrosos.
Según Orellana, en muchos casos las comunidades que viven cerca de estos polos industriales terminan “sacrificando” su derecho a un entorno sano para que ciertas actividades económicas continúen operando. Citó el caso de Yucatán. En esa región se ha incrementado el establecimiento de granjas porcinas que han generado elevados volúmenes de residuos que contaminan los mantos acuíferos y el entorno.
Aunque reconoció que el gobierno de México ha establecido regiones de emergencias sanitarias y ambientales para identificar estas áreas, advirtió que esta acción debe traducirse en políticas públicas concretas de justicia ambiental que atiendan la contaminación y protejan las zonas afectadas.
“El aumento descontrolado de fábricas de animales, especialmente de los cerdos. Más de 500 fábricas algunas con 50 mil cerdos, 100 mil cerdos. Entonces son volúmenes de generación de residuos, excretas que son peligrosos. El uso de hormonas, antibióticos en los procesos industriales para la crianza de los cerdos. Todo esto está generando un tremendo impacto en los acuíferos. Recordar que Yucatán tiene suelos kársticos, donde el agua se encuentra a muy pocos metros de profundidad y donde los contaminantes migran muy rápidamente”.
Además Orellana se refirió sobre otros factores que contribuyen a agravar este problema en México como: el aumento en la importación de residuos que luego son quemados como combustible en procesos industriales y la persistencia de impactos tóxicos en regiones industriales o extractivas que afectan directamente la salud de las comunidades.
En este contexto, el relator llamó a fortalecer la regulación ambiental, aplicar los principios de prevención y precaución, y garantizar que la evidencia científica sobre contaminación se traduzca en decisiones de política pública que protejan los derechos humanos.
”Comunidades en defensa del derecho de todos”: relator ONU Marcos Orellana
Estas declaraciones forman parte de la conferencia de prensa ofrecida por Orellana durante su visita de 10 días a México, en la que sostuvo encuentros con comunidades, organizaciones ambientales y académicos para tratar el tema de la contaminación. Durante su recorrido por distintos estados, conversó con los mineros de la Sierra Gorda de Querétaro, quienes le manifestaron su preocupación por los peligros a los que son expuestos por el manejo de mercurio para la extracción de oro a pequeña escala.
“En mi conversación con mineros y mineras en Querétaro me hicieron ver que gracias a la cooperación internacional y un proyecto del Fondo Mundial para la Naturaleza, ellos ahora entienden de mucha mejor manera cuáles son los riesgos e impactos asociados a su actividad. Recibí el testimonio de una señora que hablaba de cómo ella había enterrado a su padre, a su suegro que padecían la enfermedad del mercurio y que no quería eso para sus hijos y sus hijas. Veo que hay conciencia en los mineros artesanales de la necesidad de cambiar”.
En su travesía el relator además constató que continúa la deuda ambiental con las comunidades que habitan cerca del río Sonora, quienes aún claman por el inicio de la construcción de un centro asistencial y un laboratorio para detectar presencia de metales pesados en su organismo, a raíz del derrame ocurrido hace 11 años, así como otras obras de remediación que la empresa Grupo México se comprometió a ejecutar.
A propósito del reciente asesinato de Nazareth Velasco, defensora ambiental y del territorio, ocurrido en Oaxaca, el representante de la ONU, indicó que en primera instancia el Estado debe reconocer la labor que ejercen estos activistas y establecer mecanismos de protección en correspondencia con el Acuerdo de Escazú.
“La problemática de defensores ambientales es sin duda una preocupación de esta relatoría aquí en México, en el Continente Americano y alrededor del mundo. Este es un mandato de derechos humanos y vemos que las estadísticas, que las personas que son asesinadas, hostigadas va en aumento, son numerosos casos cada año de defensores que pierden la vida movilizando a sus comunidades en defensa del derecho de todos de vivir en un medio ambiente sano, limpio y sostenible”.
Por otra parte, Orellana reconoció la labor que ha hecho el Gobierno de México para facilitar los mecanismos de acceso de la justicia. A través de los amparos y el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos representantes han entablado diálogos con las comunidades indígenas y han impulsado la aplicación del Acuerdo de Escazú.
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