La Opinión Consultiva 30 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refuerza la estrategia de México contra el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos. Escucha la entrevista con Alejandro Celorio, exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Escucha esta Entrevista de Adriana Esthela Flores.
Laura Velarde
La reciente Opinión Consultiva 30 de 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un respaldo importante para la estrategia de México contra el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. De esta manera, lo afirmó Alejandro Celorio, exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y responsable de la solicitud presentada por el gobierno mexicano ante el tribunal.
En entrevista para EntreLíneas, el diplomático explicó que la resolución recién notificada aporta elementos clave para comprender el impacto del comercio de armas en la violencia que enfrentan varios países de la región.
“La opinión consultiva acaba de salir en este momento y lo que hace es dar elementos que nos sirven en la narrativa para entender mejor cuál es el impacto de este comercio descuidado en la violencia que vive no solo México, sino otros países de la región”.
Celorio subrayó que, a diferencia de una sentencia judicial, este tipo de pronunciamiento no es jurídicamente vinculante. Pero sí fortalece los argumentos del país en su estrategia internacional contra el tráfico de armas.
“Esto no tiene una vinculación jurídica directa como los litigios, pero sí aporta elementos muy importantes para evidenciar cómo el comercio negligente de armas termina afectando la vida de las personas en México”.
📡 #AlAire || La Corte IDH emitió una Opinión Consultiva sobre la responsabilidad de los Estados frente al tráfico ilícito de armas. Alejandro Celorio, ex consultor Jurídico de la @SRE_mx, nos explica en qué consiste.
— IMER Noticias (@IMER_Noticias) March 5, 2026
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Más controles y responsabilidad empresarial
Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento del tribunal, dijo Celorio, es que establece la obligación de los Estados de ejercer debida diligencia para evitar que las armas terminen en manos del crimen organizado.
“La Corte señala que los Estados deben marcar sus armas, tener mejores controles de inventarios, evitar que las armas decomisadas se pierdan y aplicar diversas medidas para impedir que el tráfico de armas atente contra el derecho humano a la vida”.
Además, la opinión consultiva reconoce que las empresas de armas también tienen responsabilidad para prevenir el desvío de sus productos hacia actividades criminales.
“Las empresas que ven en reportes o incluso en redes sociales que sus armas llegan a México no pueden mantenerse ignorantes; ya saben que sus productos están aquí y deben hacer algo para evitar que terminen en manos de criminales”.
El exfuncionario también destacó que la decisión también fortalece la estrategia jurídica de México, que desde 2019 ha presentado demandas civiles contra fabricantes de armas en Estados Unidos.
Recordó que uno de los obstáculos en esos procesos ha sido una ley estadounidense que otorga inmunidad judicial a la industria armamentista. Lo anterior, dificulta que las empresas rindan cuentas.
“La Corte Interamericana señala que debe existir acceso a recursos judiciales efectivos para las víctimas. Eso abona a los argumentos de México para insistir en que se haga más para evitar que las armas lleguen a manos de criminales en nuestro país”.
El ex consultor Jurídico de la @SRE_mx explicó que esta Opinión Consultiva no tiene vinculación jurídica.
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🎙️ “¿Para qué va a servir esto? Para que las empresas otra vez tengan elementos para considerar qué podrían hacer para evitar que sus armas lleguen a manos de criminales.”
El origen del problema y hacia un comercio responsable
Celorio subrayó que el tráfico de armas hacia México es un fenómeno ampliamente documentado. Pues al menos 70 % de las armas decomisadas en el país provienen de Estados Unidos.
“No es generación espontánea: la mayoría de las armas vienen de Estados Unidos. Si ya sabemos su origen, entonces debemos trabajar para evitar que ese comercio legal en Estados Unidos termine causando violencia en México”.
En ese sentido, planteó que la opinión consultiva puede ayudar a impulsar cambios en políticas públicas, regulaciones y cooperación bilateral.
El exconsultor jurídico de la cancillería explicó que la estrategia mexicana no busca prohibir el comercio de armas en Estados Unidos, sino promover controles más estrictos y responsabilidad en su venta.
“El objetivo no es acabar con el comercio de armas, sino que sea responsable, transparente y con rendición de cuentas. Si la Segunda Enmienda lo permite en Estados Unidos, está bien, pero ese comercio no tendría por qué afectar a personas en territorio mexicano”.
Finalmente, Celorio consideró que la opinión consultiva permitirá fortalecer el diálogo con autoridades, legisladores y sociedad civil estadounidense para abordar el problema desde su origen.
“Esta decisión nos permite llevar la conversación mucho más a fondo con actores relevantes en Estados Unidos y explicarles que lo que parece un comercio legal en su jurisdicción está afectando directamente la vida de las personas en México”.
La CIDH sesiona Opinión Consultiva 30 de 2025
La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la Opinión Consultiva 30 de 2025, solicitada por México, sobre la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas de fuego. Un fenómeno que —advirtió el tribunal— tiene impactos directos en la violencia y en el goce de derechos fundamentales en la región.
Durante el acto de notificación, transmitido por las redes sociales del tribunal, el secretario de la Corte, Pablo Saavedra, recordó que la solicitud fue presentada por el Estado mexicano el 11 de noviembre de 2022, con base en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, para analizar las obligaciones de los Estados frente a las actividades de empresas privadas de armas y su impacto en los derechos humanos.
Saavedra al inicio de la sesión, en la que participaron delegaciones de varios países y organismos del sistema interamericano. El funcionario explicó que la solicitud fue remitida a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a otras instituciones. Además de abrirse un proceso para recibir observaciones de gobiernos, organizaciones y especialistas.
En total, se recibieron 64 escritos de observaciones presentados por Estados, órganos de la OEA, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y actores de la sociedad civil. Posteriormente, la Corte celebró una audiencia pública el 28 y 29 de noviembre de 2023 en San José, Costa Rica, con la participación de 29 delegaciones.
Obligaciones de los Estados frente al tráfico de armas
Al presentar los principales puntos de la opinión consultiva, el presidente del tribunal, el juez Rodrigo Mudrovic, explicó que la Corte reformuló las preguntas planteadas por México en un solo cuestionamiento central:
“¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico ilícito de armas?”
El tribunal señaló que el tráfico ilegal de armas está directamente relacionado con el aumento de la violencia y la criminalidad en la región. Lo que repercute en el ejercicio de derechos protegidos por la Convención Americana.
“Los Estados de la región han señalado de forma consistente que el tráfico ilícito de armas tiene un impacto directo en los niveles de violencia y criminalidad, lo cual repercute de manera significativa en el goce y ejercicio de los derechos humanos”.
La Corte determinó que los Estados tienen un deber de debida diligencia para prevenir el tráfico ilícito de armas. El cual implica cuatro obligaciones principales: regular y adoptar normas internas, fiscalizar y supervisar las actividades empresariales, garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas y fortalecer la cooperación internacional.
El tribunal subrayó la necesidad de marcar, registrar y rastrear las armas de fuego. Además de evaluar los riesgos asociados a su importación o exportación. Asimismo, deben establecer mecanismos de seguridad y gestión de arsenales estatales y armas decomisadas para evitar que estas se desvíen hacia el mercado ilegal.
Responsabilidad estatal y empresarial
En su resolución, la Corte también enfatizó la obligación de los Estados de supervisar a las empresas vinculadas a la producción o comercialización de armas. Afin de que cumplan con las normas sobre tráfico de armamento y con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Los Estados deben asegurarse de que las empresas de armas cumplan con la regulación sobre tráfico de armas y con el deber de cumplimiento en materia de protección de los derechos humanos”.
Además, la opinión consultiva establece que los Estados deben garantizar recursos judiciales efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Ya que están relacionadas con el tráfico de armas, tanto a nivel nacional como transnacional.
Cooperación internacional
La Corte también subrayó que los países tienen la obligación de cooperar de buena fe para prevenir el tráfico ilícito de armas y reducir su impacto en la violencia.
“Frente al impacto en el goce de los derechos humanos del tráfico ilícito de armas, los Estados deben ejercer debida diligencia en la regulación, supervisión y fiscalización de la comercialización de armas de fuego”.
El texto completo de la Opinión Consultiva 30 de 2025 será enviado a los participantes del proceso y estará disponible en el sitio web oficial de la Corte, junto con un voto individual del juez Ricardo Pérez Manrique y un resumen del documento.
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