Claudia Sheinbaum señaló que la sentencia de Genaro García Luna reconoce el modus operandi para robar recursos públicos.
Fátima Guadarrama
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el periodo de 2006-2012, así como de su esposa Cristina Pereyra, es un reconocimiento del modus operandi que siguió en conjunto con funcionarios de gobierno para robar recursos públicos.
Lo anterior, porque una corte civil de Estados Unidos los condenó a pagar al Gobierno mexicano casi 2 mil 500 millones de dólares por corrupción y desvíos millonarios de fondos públicos.
«Es un resultado muy importante porque es un reconocimiento de que en efecto había un modus operandi con funcionarios del gobierno de Calderón y Peña Nieto para usar recursos públicos para beneficio privado».
Todo funcionaba mediante contratos con intermediarios, por los que el gobierno compraba cosas a sobrecosto para quedarse una parte. Y, destacó que un tribunal colegiado de circuito mexicano no reconoció estas pruebas, por lo que descongeló las cuentas bancarias de Cristina Pereyra para operar con libertad.
Por ello, en 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso el juicio en un juzgado civil estadounidense, el cual resolvió la devolución del dinero a México.
Otro problema, resaltó Sheinbaum, además de los vínculos del exsecretario con el narcotráfico, es que siguió negociando con recursos público aún después de salir del gobierno. Sin embargo, esta acusación no la consideró el juzgado en Estados Unidos, sólo el periodo de su gestión.
«Puso empresas de seguridad que ‘daban asesorías’ y la venta de equipos después de salir de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón».
García Luna: entramado de fraude
Pablo Gómez, titular de la UIF, explicó que la Corte de Florida resolvió sentenciar al matrimonio con el pago de 2 mil 488 millones de dólares al gobierno mexicano por su participación en una «trama corrupta» durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Recordó que en el periodo de 2009 a 2018, realizaron contratos ilegales con la policía federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el organismo de prisiones (OADPRS).
García Luna firmó un total de 30 contratos por 625 millones 188 mil 666 dólares y 93 millones 866 mil 666 pesos mediante cuatro empresas del Grupo Weinberg.
- NUNVAV Inc.
- NUNVAV Technologies Inc.
- Nice Systems Ltd.
- GLAC.
Así, a partir de 2018, el gobierno de México presentó una demanda de carácter civil en Florida porque ahí residían Genaro y su esposa.
Cantidades de las sentencias
Pablo Gómez precisó que demandaron a Genaro por 250 millones de dólares y a Cristina por 580 millones de dólares con base en el nivel de conocimiento de las operaciones. La sentencia de Estados Unidos, dijo, es tres veces mayor en ambos casos:
«La sentencia de 748.8 millones de dólares en Florida son 3 veces los 250 millones que pidió la UIF. Y, de Cristina, son mil 740 millones de dólares, más de los 580 millones que solicitamos».
La sentencia, señaló, quiere decir que todo el dinero que salió del país y quedó en el extranjero fue producto de un esquema de defraudación de dos sexenios sucesivos:
«Nunca podemos hablar de transiciones entre un partido y otro cuando en realidad las cosas no cambiaban. La transición no ocurrió, sino la continuación del mismo estado corrupto que viene de los años 50 y que se creó como parte del sistema político mexicano».
👥 #MañaneraDelPueblo || La sentencia en contra de Genaro García Luna y Cristina Pereyra deja claro que el dinero que salió del país y fue alojado en el extranjero fue producto de un esquema de defraudación, señala Pablo Gómez, titular de la UIF.
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Próxima sentencia
Sin dar una fecha, Gómez anunció que falta un juicio de la misma jueza contra las empresas involucradas. En ese sentido, comentó que la sentencia puede terminar en un arreglo con las empresas o a través de un jurado que dicte un veredicto.
Además, mencionó que en México la Fiscalía General de la República (FGR) también lleva un proceso penal. Reportó que actualmente cuentan con órdenes de aprehensión y personas detenidas, con quienes conversan para esclarecer los hechos.
«No debemos desaprovechar esta enorme oportunidad de poder escarbar en la forma de operar de los delincuentes de cuello blanco. Y cómo se trata de una operación transexenal donde dos partidos políticos se aliaron. Es una lección para las actuales generaciones y una forma de ver las cosas que vivieron el estado corrupto».
Al igual que la presidenta, Pablo Gómez resaltó el contraste entre la justicia de México y la de Estados Unidos cuando un tribunal mexicano otorgó amparo y protección a Cristina para que pudiera utilizar el sistema financiero con libertad.
En cambio, la reciente sentencia estadounidense «indica que tenemos un gran problema que se debe resolver con la elección judicial del 1 de junio».
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