Un juez ordenó al gobierno de Chiapas reglamentar la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, publicada desde 2012.
Georgina Hernández
El Instituto Federal de la Defensoría Pública obtuvo un amparo que obliga al gobierno de Chiapas a emitir el reglamento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, tras casi 14 años de su publicación.
El juez tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Chiapas, Felipe Consuelo Soto, concedió este recurso el pasado 20 de marzo. Eln la sentencia, urge a la Secretaría General de Gobierno del estado a expedir la reglamentación de la norma, publicada desde 2012.
Además, ordena al gobierno estatal crear el Fondo Estatal para la Contingencia, la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno; así como elaborar el Registro Estatal de Población Desplazada.
El juez recordó que, de acuerdo con los compromisos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Estados están obligados a prevenir el desplazamiento, a proteger y brindar asistencia a las personas desplazadas, a prestar y facilitar la asistencia humanitaria, y a facilitar el retorno, reasentamiento y reintegración de las personas desplazadas en condiciones de seguridad.
Asimismo, indicó que el cumplimiento de estos puntos resulta indispensable en un contexto de conflicto y criminalidad como el que atraviesa Chiapas, donde organizaciones de la sociedad civil han registrado que más de 10 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno de junio de 2021 a enero de 2024.
Desplazamiento en México
Daniel Muñoz, oficial de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, informó el 21 de marzo que actualmente en el país hay 386 mil personas desplazadas, “es decir, una de cada 300 personas han sido víctimas de este problema social”.
En enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas dio a conocer que solo en las primeras dos semanas del año al menos dos mil 300 personas se vieron forzadas a desplazarse de sus hogares en los municipios de Chicomuselo, Socoltenando y La Concordia.
El Centro Frayba atribuyó el incremento del desplazamiento forzado en la entidad a la disputa entre grupos de la delincuencia organizar por el control del territorio.
Hoy, en Nicolás Ruiz, municipio tseltal de Chiapas, las autoridades comunitarias pidieron a los pueblos y las comunidades cercanas “unidad” ante lo que llamaron la “ola de delincuencia en la región
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