Las instituciones de justicia panameñas continúan siendo susceptibles a la corrupción; tienen dificultades para perseguir el lavado de dinero, como el caso “Panama Papers”, según reporta un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU). Panamá se ha especializado en proveer servicios financieros “offshore” o “extraterritoriales” a clientes que no residen habitualmente en el país.
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