Santiago Aguirre, abogado del centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien lleva el caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes presuntamente fueron violadas por miembros del Ejército, y a 4 meses de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el gobierno no ha hecho ningún pronunciamiento.