Entregan al presidente una propuesta para modificar 15 artículos, avalada por más de 650 mil firmas.
Conoce los detalles de la propuesta de reforma.
Adriana Esthela Flores
Indígenas yaquis entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una propuesta para reformar 15 artículos constitucionales que garanticen los derechos colectivos y la libre autodeterminación de pueblos indígenas y el afromexicano.
Durante dos años, estos pueblos consensuaron sus demandas y reivindicaciones en al menos 61 asambleas de seguimiento y foros de consulta que incluyeron a migrantes indígenas radicados en Estados Unidos.
El proceso culminó con el respaldo de más de 650 mil personas firmantes que esperan, entre otros temas, el reconocimiento de la medicina tradicional y la partería, un régimen fiscal especial para fortalecer las economías comunitarias y regionales y un sistema de procuración de justicia especializado.
Jesús Patricio Varela Martínez, secretario del pueblo tradicional de Tórim, entregó al presidente la propuesta de iniciativa de reforma indígena y afromexicana.
“Con la tribu yaqui se está dando el primer paso de justicia hacia los pueblos indígenas, pero los yaquis queremos justicia para todos los pueblos indígenas y afromexicanos de este país”.
La propuesta de reforma fue entregada en el marco de un evento en el que el presidente pidió perdón al pueblo yaqui por los agravios cometidos durante el porfiriato, por los despojos de tierras y agua, por los asesinatos de indígenas, su expulsión y envío en condiciones de esclavitud a haciendas henequeneras de Yucatán.
En este evento, realizado en Vícam, cabecera de los ocho pueblos que conforman la nación yaqui, el presidente restituyó 2 mil 900 hectáreas de 20 mil hectáreas que tiene comprometidas con la comunidad indígena.
Varela dijo que este momento tan feliz e importante no puede ser sólo para yaquis.
“Están aquí frente a usted representantes de todos nuestros pueblos y de manera conjunta le entregamos la propuesta de reforma constitucional apoyada por más de 650 mil firmas de mujeres y hombres indígenas y afromexicanos de esta gran nación que hemos construido de manera colectiva a lo largo de dos años, y en este momento le pedimos que la haga suya y a nuestro nombre la presente al Congreso de la Unión”.
Actualmente, la Constitución mexicana reconoce a los pueblos indígenas en su artículo segundo y deja claro su derecho a la libre determinación y autonomía, así como sus usos y costumbres.
¿Cuáles son los puntos centrales?
La libre determinación
Los pueblos tienen derecho a tener personalidad jurídica y patrimonio propio y a organizarse de forma autónoma, a nivel comunitario, municipal y regional.
Mujeres
Reconoce y garantiza su derecho a la participación política y a la toma de decisiones públicas, a ser electas en cargos de representación comunitaria y popular, a la salud, educación, posesión de la tierra y a una vida libre de violencia.
Derechos de la niñez, adolescencia y juventud
Tienen derecho a una vida libre de todo tipo de exclusión, discriminación y violencia y a medidas para evitar las uniones, matrimonios y embarazos a temprana edad.
Territorio y biodiversidad
Tienen derecho a poseer y utilizar las tierras, territorios y recursos o bienes naturales que han poseído, ocupado o utilizado. También se reconoce su relación especial con aguas, mares costeros y otros recursos o bienes naturales.
Sistema jurídico
Tienen derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras, defensoras y peritas, especializadas en derechos indígenas y pluralismo jurídico. El Estado establecerá un sistema de procuración y administración de justicia especializado en derechos de los pueblos indígenas y se reconocen sus instituciones de prevención y conservación de la paz y seguridad pública.
Participación democrática
Tienen derecho a elegir, de acuerdo con sus normas y principios, a sus autoridades o representantes y a postular, de manera directa, sus candidaturas, garantizando la participación de las mujeres. El INE y organismos locales garantizarán el respeto a sus sistemas político electorales, sus prerrogativas y los tiempos en radio y televisión.
Consulta libre, previa e informada
Tienen derecho a ser consultadas antes de que autoridades apliquen medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. Además, el Estado deberá realizar estudios previos para evaluar el impacto social, cultural y ambiental de dichas medidas.
Patrimonio cultural
Se reconocen como lenguas nacionales a las lenguas indígenas y el español, que tendrán la misma validez legal. El Estado promoverá una política lingüística multilingüe, para que las lenguas indígenas se alternen con el español en todos los espacios públicos y privados.
Educación
Tienen derecho a una educación indígena, intercultural y plurilingüe; la formación de profesionales indígenas, crear condiciones para la educación comunitaria y un sistema de becas en todos los niveles.
Salud
Se reconoce y promueve la medicina tradicional y la partería evitando cualquier tipo de discriminación. Se reconoce a quienes la ejercen, así como los saberes y prácticas como la conservación de sus plantas y hongos medicinales, minerales, animales y espacios sagrados.
Comunicación
Tienen derecho a extender la red de comunicaciones, incluyendo las de radiodifusión e internet de banda ancha y podrán adquirir y operar sus medios de comunicación.
Desarrollo integral
Tienen derecho a alcanzar la soberanía alimentaria y a desarrollar prácticas agroecológicas y cultivos tradicionales con semillas nativas, como el sistema milpa, los recursos agroalimentarios y conocimientos tradicionales.
Economía
Se deberá establecer un régimen fiscal especial para fortalecer las economías comunitarias y regionales y se reconoce el trabajo comunitario.
Gobierno
Los municipios indígenas serán gobernados por la autoridad electa en sus asambleas comunitarias y podrán expedir sus ordenamientos jurídicos. Podrán coordinarse y asociarse en el ámbito regional y nombrar a sus autoridades comunitarias, sus representantes en los Ayuntamientos y otras instancias regionales o estatales.
Tendrán derecho a recibir y administrar recursos presupuestales y se reconoce a la asamblea general comunitaria y otras instituciones colectivas de decisión, como la autoridad máxima.
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