El Pleno de la Sala Superior del TEPJF sesiona con dos magistraturas menos desde el 31 de octubre de 2023.
Claudia Téllez
El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para designar a la sexta magistratura que falta en la Sala Superior, de cara a la calificación de la elección presidencial,
La magistrada presidenta, Mónica Soto, confió en que la elección sea por unanimidad. Precisó que la ley marca que deberán elegir entre las magistraturas de las Salas Regionales, que también están incompletas, con mayor antigüedad en el cargo o más edad.
Desde el 31 de octubre de 2023, la Sala Superior sesiona con cinco de las siete magistraturas que deben integrarlo. Esto debido a que, tras concluir los periodos de Luis Vargas e Indalfer Infante, el Senado no ha aprobado nuevos nombramientos.
Mónica Soto recordó que estos órganos deberán concluir con el desahogo de los recursos que reciban luego de las elecciones. Además, la fecha límite para la calificación presidencial es el 6 de septiembre.
“¿Cuál es la fecha límite para dictamen de la elección presidencial? Es el día 6 de septiembre. Entonces, por supuesto, con toda oportunidad se llamará al magistrado o magistrada a quien le corresponderá sesionar para esa importante encomienda.
Por lo pronto, tenemos que resolver los medios de impugnación que se presenten también en las salas regionales y como es un integrante o una integrante de una sala regional, pues es otro factor que tenemos también que valorar, porque las salas regionales también están incompletas”.
Las y los magistrados señalaron que buscará desterrar la idea de que hay un Tribunal débil. Por ello, pidieron confiar en este órgano que cuenta con funcionarios con trayectoria y descartaron algún tipo de presión.
El magistrado, Alfredo Fuentes Barrera, resaltó que es un tribunal “atípico” por su conformación incompleta, pero no quiere decir que sea débil y es lo que quieren “desterrar”. Calificó al Tribunal como un organismo “fuerte”, porque va a garantizar un proceso electoral completamente apegado a la Constitución y a la ley.
Cuestionado sobre las resoluciones que señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador de incumplir con la norma electoral, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña comentó que la ley en la materia es una norma vieja y anticuada que no incluye vías para ordenar el cumplimiento de las sentencias ni establece sanciones para servidores públicos.
“La Ley Electoral es una ley vieja y anticuada y, además, incompleta, no lo fue. No existe dentro del catálogo de sanciones que se encuentra en la propia ley un rubro específico para servidores públicos y quiero pensar que eso fue un error, pero no sé, como también fueron servidores públicos los que redactaron la ley del 2014, pues no lo sé si fue error, pues vaya error, y si no fue, que horror”.
Precisó que, hasta el momento, en ninguna elección presidencial, se ha tenido un voto a favor de la invalidez o nulidad de los comicios.
No hay denuncias por intervención del crimen organizado
Por su parte, la magistrada presidenta, Mónica Soto señaló que, hasta este momento, no han recibido ningún recurso relacionado con la presunta intervención del crimen organizado en los comicios.
La y los magistrados señalaron que con el INE hay una estrecha colaboración institucional, no un sometimiento para que las tareas se hagan de manera coordinada.
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