T-MEC no aplica a casos anteriores a su entrada en vigor, establece panel laboral

México obtuvo una victoria en el primer panel laboral del T-MEC, que determinó que no podía pronunciarse por un conflicto sindical de 2007.

Kayleigh Bistrain Alcázar

 

El panel laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) falló a favor del Gobierno mexicano en el conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas.

 

La Secretaría de Economía informó en un comunicado que los miembros del panel determinaron que los acuerdos establecidos en el T-MEC no son aplicables a casos previos a su entrada en vigor, el 1 de julio de 2020.

 

“En concordancia con la posición defendida por México, el panel trinacional concluyó que la denegación de derechos sindicales solo puede ser imputada a hechos posteriores a la entrada en vigor del T-MEC y sujetos a la Reforma Laboral de 2019. Los hechos presentados por Estados Unidos no cumplían con estos criterios, según lo establecido por el panel”.

 

La dependencia destacó que el fallo establece parámetros sobre los casos en que se puede convocar un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, lo que ayuda a disuadir de “injerencias indebidas” a los países que conforman el tratado.

 

Aunque reconoció que el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida es una herramienta “innovadora” para proteger los derechos laborales de las y los trabajadores, la Secretaría de Economía defendió que su uso debe ser “razonable”.

 

“Es necesario que su uso contribuya a fortalecer las instituciones nacionales sin menoscabo de las decisiones que han sido tomadas en defensa de los derechos de las y los trabajadores por las instituciones mexicanas”.

 

 

¿Cuál es el conflicto que discutió el panel laboral?

 

 

En agosto de 2023, Estados Unidos solicitó un panel de solución de controversias, bajo el marco del T-MEC, para analizar una negación de derechos sindicales en la mina San Martín, en Zacatecas.

 

Se trata de una mina de plomo, cobre, zinc y plata, donde los trabajadores se declararon en huelga en 2007. Sin embargo, Grupo México reanudó operaciones en 2018. El sindicato mexicano The Miners acusó que la minera negoció con un grupo sin derecho a representar a los mineros.

 

Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, en su momento afirmó que la decisión de reabrir la mina fue decisión de “la mayoría de sus trabajadores”.

 

Por todo esto, la empresa está señalada de limitar derechos de libertad sindical y negociación colectiva. La Secretaría de Economía aseguró que estas irregularidades “están en vías de ser corregidas por las autoridades nacionales”.

 

“La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje previo a la controversia internacional ya había atribuido la responsabilidad de la huelga a la parte patronal, ordenando el pago de salarios caídos y diversas prestaciones”.

 

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