El Senado estadounidense desestima los dos cargos del juicio político del Secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas.
Mario Tapia
El Senado de Estados Unidos desestimó, por inconstitucional, el juicio político en contra del Secretario de Seguridad Nacional y actual jefe de migración, Alejandro Mayorkas, por su manejo de la crisis migratoria en la frontera con México.
Las y los senadores votaron a favor de desestimar los dos artículos de juicio político para poner fin al proceso. El primer artículo acusaba al secretario de “negativa deliberada y sistémica a cumplir” con la ley de migración. El segundo, lo acusaba de “abuso de confianza” por asegurar que la frontera estaba protegida.
Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, previamente dijo que buscaría desestimar el juicio argumentando que los dos artículos “no cumplían con los estándares de delitos y faltas graves” y que esto podría sentar un precedente peligroso.
“Por el bien de la integridad del Senado y para proteger el juicio político para los raros casos en que realmente lo necesitamos, los senadores deberían desestimar las acusaciones de hoy”.
De esta manera, Schumer presentó una moción para someter a votación la anulación del primer artículo del juicio político porque “no alega una conducta que alcance el nivel de delito grave“, como exige la Constitución de Estados Unidos. Tras varias votaciones de procedimiento, el Senado aprobó anular ambos artículos con 51 votos a favor por parte de los demócratas frente a los 49 votos en contra de los republicanos.
Un caso histórico
En febrero de este año, la Cámara de Representantes aprobó someter a Alejandro Mayorkas a un juicio político culpándolo de dos cargos:
- Dejación de funciones al hacer caso omiso voluntariamente de las leyes migratorias.
- Abuso de la confianza pública por supuestas declaraciones falsas sobre el estado de la seguridad en la frontera.
Es la primera vez en 150 años que se abrió un juicio político a un alto cargo de un gabinete. El último juicio tuvo lugar en 1876 con el Secretario de Guerra, William Belknap, acusado de corrupción. Sin embargo, dimitió antes de que finalizara el procedimiento.
La Constitución estadounidense establece que el Congreso puede acusar al presidente, a un ministro o a los jueces federales en caso de traición, corrupción u otros crímenes y delitos graves.
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