La SCJN otorgó primer amparo a una familia por desplazamiento forzado interno que por 3 años fueron víctimas de grupos criminales.
Fátima Guadarrama
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el primer amparo por desplazamiento forzado interno a una familia de Chihuahua. Esto porque a partir de 2010 sufrieron delitos por parte de grupos del narcotráfico.
Por unanimidad, la Sala avaló el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso conceder protección a casi 70 integrantes de la mencionada familia. En México, al menos 380 mil personas han sido desplazadas por la violencia.
Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos subrayaron que se trata de una “oportunidad histórica” para que sea reconocido como un problema el desplazamiento interno forzado en el país, así como el acceso a la reparación integral para las víctimas.
El caso fue investigado por Fiscalías estatales, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). Esta última destacó que el fallo de la Corte establece un precedente para todas las víctimas:
“La aprobación del amparo no sólo beneficiaría a la familia, sino también enviaría un mensaje de esperanza a todas las Organizaciones civiles internas en México que luchan por sus derechos”.
En un plazo no mayor a 45 días la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) deberá emitir las medidas correspondientes al Artículo 27 de la Ley General de Víctimas. Este garantiza la reparación integral y el conocimiento de la verdad.
Violencia desde 2010
Tres asesinatos ocurridos en 2010 marcaron el inicio del caso que resolvió la Suprema Corte. Desde entonces, cuatro generaciones de una misma familia fueron víctimas de persecución, amenazas y delitos perpetrados por grupos delicuenciales. Por ello, la mayoría de los miembros de esta familia abandonaron Chihuahua para establecerse en Aguascalientes y después en Jalisco.
Derivado de la serie de omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El documento denunciaba la situación de desplazamiento interno, así como la incapacidad del Estado mexicano para atender y reparar los daños sufridos de manera integral.
También habían dado a conocer su situación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, las instituciones tampoco les brindaron justicia.
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