“Se busca una norma que organice a la nueva institución para transitar a la FGR que el país se merece”, dice Oscar Langlet, coordinador de asesores de la Fiscalía.
Claudia Téllez
Diputados iniciaron la revisión de la minuta del Senado para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se prevé que sea aprobada el próximo 20 de abril.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunieron con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para analizar y compartir visiones sobre la minuta.
En un encuentro virtual, los legisladores coincidieron en revisar a fondo el documento y en su caso realizar algún cambio para que se cuente con un instrumento jurídico que le sirva al país y a la institución.
También coincidieron en el reconocimiento al trabajo que se realizó en materia legislativa para llegar a este documento y en la labor que ha emprendido la Fiscalía como órgano autónomo e independiente del Estado mexicano.
La Jucopo y los integrantes de la Comisión de Justicia manifestaron su disposición de aprobar una legislación que garantice la autonomía de la Fiscalía y en la que se escuche la voz del Ministerio Público para tener una ley eficaz y en beneficio de las víctimas y ofendidos del país.
Mas tarde, en audiencias públicas, Oscar Langlet González, coordinador de asesores del titular de la FGR, destacó que se busca una norma que organice a la nueva institución para transitar a la FGR que el país se merece.
Se busca dijo, normar la organización para permitir que cumpla con su función y las obligaciones que otras leyes mandatan al ministerio público.
“Y lo que busca es dar una mayor ductilidad al fiscal general para ir organizando la nueva institución y transitar de la antigua Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, que este país se merece. Al Ministerio Público no le corresponde la totalidad del proceso relativo a los fenómenos delictivos, la prevención del delito en sus diferentes etapas, como una política social o como una política de seguridad pública que responde a otros órganos. Al Ministerio Público le corresponde la investigación y persecución de aquellos delitos del orden federal que ya han sido cometidos”.
Por su parte, Marco Fernández, de México Evalúa, advirtió que es una propuesta que otorga discrecionalidad y mayores atribuciones a la FGR.
“Dentro de la excesiva concentración de facultades que se le dan al fiscal está el de terminar la política general de la Fiscalía General, las políticas de investigación y persecución penal, las políticas para otorgar el criterio de oportunidad y el proceso abreviado; en ese sentido, preocupa que más que haya una certeza jurídica, lo que puede abrirse con estas facultades es la discrecionalidad de establecer a quién se le da acceso a estas figuras jurídicas y a quién no, en manos del criterio del propio fiscal, que no tendría, en ese sentido, ningún sistema de pesos ni contrapesos”.
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 12, 2021
