Observadores electorales presentan segundo informe, que incluye también compra de votos y violencia política de género.
Adriana Esthela Flores
Un incremento del 28 al 42 por ciento en la percepción de injerencia del crimen organizado en las elecciones, desconfianza hacia las autoridades electorales, compra de voto y acarreo de ciudadanos fueron parte de lo que dejaron los comicios del pasado 6 de junio.
Esto es lo que informaron observadores electorales en su segundo reporte preliminar presentado ante el Instituto Nacional Electoral, en donde también reportaron 26 casos de violencia política de género.
Estás 26 se suman a las 40 que ya habían reportado el día de ayer otra organización electoral sobre violencia política de género toda forma de este catálogo de irregularidades.
Alianza Cívica Nuevo León detectó que en 13% de los distritos que observó había casas para la venta del voto, en 8.6% detectaron la práctica del acarreo, los votos se vendían en 200, 500 y 800 pesos y el 52% de personas que entrevistaron confirmaron que vieron casos de compra de votos, de acuerdo con Beatriz Camacho, integrante de la Alianza.
“Encontramos que en el 10% de las casillas no se podía votar de manera libre y secreta, es decir, no había una mampara, había alguien por quien los ciudadanos estaban siendo vigilados, y también observamos que había ciudadanos que estaban tomándole fotos a su boleta electoral donde se mostraba por quien estaba votando y esta práctica la encontramos en varios estados y fue una forma de presionar a los ciudadanos, de demostrar que estaban cumpliendo con la compra de su voto”.
La organización Equipo Puebla AC reportó que el crimen organizado impactó en el 30% del territorio nacional, además Alianza Cívica Nuevo León refirió que en seis años la percepción de la injerencia del crimen organizado en las campañas repuntó de 28% a 42%. Su reporte incluye estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y el Estado de México.
Sobre este punto, Beatriz Camacho destacó la manera en la que opera el crimen organizado durante los procesos electorales.
“Ahí lo que encontramos es que el crimen organizado lo que busca son relaciones directas con los gobiernos municipales en los diferentes estados, como una garantía de impunidad y también como una garantía para el control. Otra forma es a través de pactos corruptos y secretos con las autoridades”.
Laura Becerra, de Equipo Puebla AC, informó que la violencia en seis entidades arrojó 26 casos de violencia política de género, además detalló que hubo 737 víctimas de agresiones durante el proceso electoral, de las cuales 35% fueron mujeres y de ellas 14 fueron asesinadas.
“No podemos soslayar la violencia política, considerando que hubo cerca de 100 víctimas de muertes ocurridas en las campañas, hubo más agresiones, difamaciones, amenazas para desistir de la competencia electoral, secuestros, personas heridas de bala, vehículos incendiados y otros hechos particularmente contra las mujeres que implicaron acciones cargadas de perjuicios, racismo y discriminación, en clave de esta cultura patriarcal que prevalece en nuestro país”.
Dos puntos más que resaltaron fue que en el programa piloto de las 100 urnas electrónicas instaladas en Coahuila y Jalisco no hubo funcionarios de casilla, lo cual sin embargo, no afectó en el voto.
Transparencia Mexicana puntualizó que menos del 10% de las personas aspirantes presentaron sus declaraciones tres de tres en materia patrimonial, lo cual impidió que la ciudadanía pudiera tener información suficiente para votar.
Este es el segundo informe preliminar y se presentará un tercero y definitivo, en tanto los observadores electorales siguen documentando las incidencias ocurridas durante el proceso electoral.
