El presidente enviará la propuesta de reforma constitucional al Congreso para que el Estado se haga cargo del 54% del mercado eléctrico.
Adriana Esthela Flores
La reforma constitucional en materia eléctrica es un asunto de seguridad nacional, pues busca garantizar la protección y la seguridad de la ciudadanía, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al destacar que la propuesta busca que el Estado se haga cargo del 54 por ciento del mercado eléctrico y dejar el 46 por ciento a la iniciativa privada, aclaró que esto no significa desplazar a las empresas, sino poder orden para dar prioridad al sector público, que no tiene fines de lucro.
“Vamos a mejorar esta relación y que la Comisión Federal pueda dar el servicio, mantener la red nacional. Es un asunto hasta de seguridad nacional, tiene que ver con la protección civil, tiene que ver con garantizar que no haya apagones, que no nos falte nunca la luz, pero se necesita poner orden”.
López Obrador reiteró sus críticas contra la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues propició la creación de organismos que dieron preferencia a las empresas privadas sobre las públicas. Incluso, resaltó que se utilizaron tácticas para provocar la quiebra de Pemex y CFE.
“Apostaron, y esto molesta mucho, a quebrar la Comisión Federal de Electricidad, a arruinar lo mismo que a Pemex, destruir las dos empresas públicas con problemas para el abasto de la energía eléctrica”.
Tras mencionar el litigio que perdió la CFE ante la Corte de Arbitraje Internacional de Londres por la cancelación de la planta hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas, dijo que el gobierno sigue encontrando contratos leoninos en temas como gasoductos y reclusorios.
Además, denunció que el aparato judicial está construido para favorecer a las empresas, por lo que su administración ha tenido que llegar a acuerdos para no disputar los casos en tribunales.
“Hemos optado por buscar acuerdos, decir, a ver, cuando el gobierno estaba el servicio de ustedes y ustedes eran los que mandaban, porque ustedes tenían secuestrado al gobierno, se firmaron estos contratos, pero son completamente injustos, como los contratos que firmaron para los gasoductos, donde había que estar pagando tarifas elevadísimas y al final los gasoductos se quedaban como propiedad de las empresas”.
Hace una semana, la distribuidora estadounidense de gas Whitewater Midstream reveló el inicio de un arbitraje internacional contra la CFE, al acusarla de incumplimiento del pago de servicios. Con este caso, México suma el segundo litigio internacional en materia de gas natural, pues la empresa Goldman Sachs también inició un proceso para que la CFE le pague una supuesta deuda de 400 millones de dólares derivada de la crisis del energético en Estados Unidos.
