El analista Arturo Carranza advierte la centralización del sistema eléctrico en la CFE y un freno a la transición energética.
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IMER Noticias
La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, contempla algunos aspectos que harían que su implementación resulte contraproducente a las necesidades de México en el futuro.
El analista del sector energético, Arturo Carranza, señaló algunos puntos que encienden focos rojos, como la transición energética que se ha visto frenada por decisiones gubernamentales que han privilegiado el uso de energías fósiles desde la empresa pública CFE y han rezagado a las energías limpias de empresas privadas.
A nivel global, la transición energética es una tarea que se realiza de manera concurrente entre empresas públicas y privadas, así como la sociedad civil; sin embargo, con la propuesta de López Obrador la encargada de esto será sólo la Comisión Federal de Electricidad.
Esto conlleva a otro problema, pues no se garantiza el cuidado del medio ambiente y la atención de las responsabilidades que México ha asumido a nivel internacional para transitar hacia las energías renovables. También se corre el riesgo que se tomen decisiones no justificadas, como la cancelación de las subastas para la compra de energías renovables, como ha sucedido en 2019 y 2020.
“Soy un crítico respecto a la transición energética. Creo que, en este sentido, el hecho de orientar la transición energética para que sea responsabilidad de la CFE puede implicar que no tengamos la capacidad suficiente como nación para acelerar la transición energética y apostarle a tecnologías renovables para aspirar a un mejor medio ambiente”.
Suprimir a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos y pasar las atribuciones de estos reguladores a la Secretaría de Energía, es otro problema que percibe el analista, pues considera que estos órganos deben permanecer para tener un mayor control sobre la planeación, instrumentación y operación del sistema eléctrico nacional.
“Este planteamiento para mí es materia de crítica, en el sentido de que mercados en donde participan diversos actores siempre funcionan de mejor manera cuando cuentan con reguladores autónomos y este planteamiento que se está haciendo implica restarle autonomía los órganos reguladores, pues es ahí donde se construyen las reglas y el andamiaje institucional en materia regulatoria para establecer reglas para los participantes”.
Otro problema percibido en la iniciativa de reforma es la pretensión del gobierno de que la Comisión Federal de Electricidad concentre el 54 por ciento de la generación eléctrica, dejándole a las empresas privadas el 46 por ciento restante. Esta práctica, señaló, no obedece al mercado eléctrico global y es probable que haya recursos legales en contra.
Lo mismo pasaría con el litio, la materia prima para el almacenamiento de las baterías. El presidente anunció que no habría concesiones para explotar los yacimientos y que su control quedaría en manos del gobierno; sin embargo, ya hay al menos ocho concesiones otorgadas, por lo que las empresas defenderán sus intereses y podrían recurrir a figuras internacionales como el T-MEC.
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