José Medina Mora Icaza, presidente Nacional de la Coparmex, ofreció su postura sobre la iniciativa del presidente López Obrador.
Escucha la conversación con el presidente de la Coparmex, José Medina Mora Icaza.
IMER Noticias
El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso una iniciativa de reforma a la administración pública, que contempla la modificación de 23 leyes secundarias que tienen que ver con la contratación y asignación de obras públicas a particulares.
De acuerdo con el mandatario, esta propuesta busca combatir la corrupción, prevenir daños al interés público o al erario y fortalecer a la administración pública federal.
Sin embargo, líderes empresariales han advertido que la propuesta de reforma violenta el orden jurídico del país y genera incertidumbre jurídica a las empresas que invierten en obras públicas.
¿Qué elementos les preocupa a los empresarios?
En entrevista para IMER Noticias, José Medina Mora Icaza, presidente Nacional de la Coparmex, afirmó que lo que más les preocupa es la llamada “cláusula exorbitante“, con la que el gobierno federal podría dar por terminado un contrato con una empresa privada de forma anticipada, estableciendo pagos mínimos por indemnización.
La propuesta también contempla que el gobierno pueda tomar la decisión unilateral de “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.
“En concesiones hoy otorgadas podrían argumentar este interés nacional y cancelarlas. Esto de nueva cuenta es una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros”.
Otra preocupación de la Coparmex, dijo su presidente, es que se permita la ejecución de obras de infraestructura “de notoria y urgente necesidad para el desarrollo social y económico del país” sin la necesidad de contar con permisos y estudios de impacto ambiental.
Por ello, Medina Mora Icaza pidió a las y los legisladores que no sea aprobada esta reforma.
“En caso de que se aprobara, esto entraría en litigio, lo cual es es un desgaste de tiempo, de recursos. Y además se seguirían retrasando las inversiones que requiere el país”.
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