La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la figura de los superdelegados creados por la administración del presidente López Obrador.
IMER Noticias
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la figura de los “superdelegados” a tres años de su creación.
Para seis de los 11 integrantes de la Corte, el puesto de superdelegados es legal porque sí existe certeza jurídica sobre sus actividades en la administración pública bajo la Secretaría de Bienestar.
Pero, ¿qué son los “superdelegados” y por qué la Corte discutió su legalidad?
La creación del superdelegado
El 24 de noviembre de 2018, el Congreso de la Unión aprobó la creación de un puesto en la administración pública: el superdelegado.
La Cámara de Diputados y el Senado dieron luz verde a esta propuesta con la finalidad de simplificar tareas y reducir las oficinas que sirven como enlace entre dependencias federales y estados.
¿Cuál es su función?
Las “Delegaciones de Programas para el Desarrollo” son las encargadas de coordinar las actividades, políticas y programas en los tres niveles de gobierno.
El o la titular de cada delegación (superdelegado) también es el encargado de promover los programas sociales de la presidencia.
Por ello, cada uno de ellos son enlaces directos entre los estados y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, un puesto bajo el mando del Poder Ejecutivo.
¿Cuántos son?
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, existen dos mil 300 delegaciones en todo el país, de los cuales 32 son los que funcionan como nexo entre los gobiernos.
¿Por qué criticaron su creación?
Desde 2018, partidos de oposición manifestaron su rechazo a esta figura. Para PAN, PRI y PRD, más que servir de enlaces, el gobierno federal y Morena estaban desarrollando posibles nuevos candidatos.
Algo que ocurrió con Jaime Bonilla. El exdelegado dejó su puesto a unos meses para postularse como candidato a gobernador de Baja California por Morena, el cual sí consiguió.
Otra polémica en torno a los superdelegados fue la de posibles delitos.
La Secretaría de la Función Pública reconoció que al menos 10 de ellos estaban bajo investigación por posible uso irregular de recursos.
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