Cuando uno está atento a los temas de la conversación pública surge varias preguntas.
Escucha la columna de Clara Jusidman
Redacción | IMER Noticias
En su comentario semanal, la Dra. Clara Jusidman, presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social y miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana plantea las siguientes preguntas en torno a la conversación pública:
- ¿Qué tan lejos están esos temas de la vida cotidiana de la mayoría de las personas?
- ¿Qué tanto es una conversación realmente pública y no sólo entre quienes integran las élites políticas, económicas y culturales?
- ¿Tendrán tiempo las personas para leer, escuchar o ver noticias y editoriales después de agotadoras jornadas de trabajo y prolongados traslados en el trasporte público?
- ¿Les interesa dar seguimiento a las controversias, debates y pleitos de la élite del poder? ¿Tienen éstas algo que ver con su vida y preocupaciones diarias?
Por ejemplo:
¿Qué porcentaje de la población está enterada de la controversia entre Carlos Loret de Mola y el Presidente López Obrador en torno a la llamada “casa gris”? Y si están enterados ¿Cómo la perciben, les importa? ¿Apela a sus sentimientos respecto del Presidente? ¿Altera en algo sus verdaderos problemas o es simplemente un distractor pasajero?
Cada vez estoy más convencida de la enorme incomunicación que prevalece en nuestra sociedad a pesar del gran desarrollo de los medios digitales. Es tal la cantidad de información que no hay manera de procesarla, aprovecharla, incluso guardarla. Acaba convirtiéndose en datos y temas fugaces, que se vuelven viejos al día siguiente de su difusión, a menos que sean retomados y atizados por otros.
Pero lo más preocupante es que aquellos que participamos en la “Conversación pública” hablamos para nuestro propio círculo, para interlocutores que seguramente coinciden con nosotros. Usamos términos y conceptos abstractos o sintéticos que son claros para nuestros amigos o enemigos pero muchas veces incomprensibles para las mayorías.
Algunos ejemplos. Cuando nos referimos al término “trabajo digno” o “trabajo decente” sólo aquellos que han estado en el debate promovido por la OIT y entendemos que nos referimos a trabajos que cumplen con los derechos laborales definidos en nuestras leyes como salarios adecuados, protección social, vacaciones, jornadas laborales de menos de 48 horas a la semana.
Otro concepto frecuentemente usado es el “derecho superior de la niñez” que deriva de un enfoque basado en derechos que busca garantizar la mayor satisfacción de las necesidades de los niñas, niños y adolescentes. Me pregunto si realmente conocemos cuáles son esas necesidades a partir de la diversidad de infancias en un país como México y si las conocemos ¿las actualizamos en una conversación y una escucha constante de los intereses y necesidades de este importante grupo de la sociedad?
¿Hacemos el intento de comunicarnos con ellos y ellas pasando a lenguaje comprensible las categorías abstractas de los hacedores de políticas de gobierno, los investigadores, las organizaciones que defiende sus derechos?
Y siguiendo con este último tema me pregunto si aún entre los círculos de poder se ha logrado entender el significado del “interés superior de la niñez” o si solamente lo entienden los iniciados. Pienso en la decisión del actual gobierno de incorporar el Sistema de Protección Integral de Niña, Niños y Adolescentes (SIPINNA) al DIF. Parecería que quienes están haciendo las propuestas actuales de cambios en la administración pública nunca se enteraron o nunca fueron alcanzados por los debates y argumentos de los defensores de derechos humanos de la niñez y la adolescencia sobre la importancia de desarrollar un sistema de alcance nacional, con expresiones nivel territorial, basado en el enfoque de derechos, que articule a distintas agencias de gobierno que inciden en garantizar, proteger, respetar y promover los derechos humanos de estos. Que las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y no de actos de beneficencia o asistencia social.
Otra institución que está bajo el mismo acoso resultado de la incomunicación, de la ausencia de diálogo y de la soberbia, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Creado en 2003 con personalidad jurídica y patrimonio propios, a instancias de Gilberto Rincón Gallardo para “promover políticas y medidas que contribuyan al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad”.
La propuesta es sumarlo, lo cual sería desparecerlo, a la estructura central de la Secretaría de Gobernación donde se encuentra “sectorizado”. Esto significará la cancelación de su posibilidad de influir en las políticas, presupuesto y cultura de las diversas Secretarías e instituciones del Estado para que incorporen el buen trato, la no discriminación en su funcionamiento. El CONAPRED es el resultado de reconocer en la esfera pública, apenas a principio de este siglo XXI, que en México existe discriminación, incluso racismo, por razones socioeconómicas, étnicas, religiosas, de origen, de orientación sexual, entre otras.
Es decir, no sólo no hay comunicación entre las élites y la población en general, sino incluso entre aquellas personas de las élites que llegan a detentar el poder político y decidir por todos y todas.
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