El informe diagnóstico publicado por el organismo sobre los hechos ocurridos en 2016 revela que hubo apoyos a personas que no fueron víctimas.
Nayeli Valencia
Cinco años han pasado desde el desalojo en Nochixtlán, Oaxaca, y las revelaciones a las violaciones de derechos humanos que se cometieron el 19 de junio bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la Reforma Educativa siguen saliendo a la luz.
Víctimas no reconocidas, personas que no lo fueron pero sí recibieron compensaciones, el reconocimiento de prácticas de tortura y omisiones por parte de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos forman parte del informe diagnóstico publicado por el organismo sobre los hechos ocurridos en 2016.
Aquel día, 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron un enfrentamiento con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes de las comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca, Trinidad de Viguera y Asunción de Nochixtlán.
Allí, en el cruce de Nochixtlán, las y los docentes habían cerrado la autopista 135-D y la carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca, en protesta contra la Reforma Educativa.
A la manifestación se unieron estudiantes, activistas, padres y madres de familia, sobre todo pertenecientes a Nochixtlán, desalojados por el Grupo de Coordinación Oaxaca con armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma.
El saldo fue de siete personas ejecutadas, 174 lesionadas, 171 afectadas por gas lacrimógeno, 108 afectadas psicológicamente, 43 afectadas patrimonialmente y 106 policías lesionados, de acuerdo con la información recabada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pese a que la Policía Federal negó que sus elementos portaban armas de fuego o toletes, fotografías de medios nacionales e internacionales ayudaron a desmentir esa información.
En su momento, esas mismas imágenes fueron calificadas como falsas por la Comisión Nacional de Seguridad, pero más tarde se retractó, aunque justificó que “grupos radicales comenzaron a disparar contra la población y los agentes federales, lo que los obligó a cambiar de estrategia”.
A cinco años de los hechos, la CNDH se pronuncia con la publicación de un informe diagnóstico derivado de la denuncia de víctimas representadas por la organización Comité de Defensa Integral de los Derechos Humanos Gobixha y en el marco de un acuerdo emitido el 18 de marzo de 2020 que ordena al organismo autónomo la reapertura de expedientes de queja sobre los que existan inconformidades.
Sí hubo tortura
En el desalojo del 19 de junio de 2016, los policías detuvieron a 20 personas de manera arbitraria en el panteón de Nochixtlán, sin ponerlos a disposición del ministerio público.
Los policías los subieron a un camión en donde los mantuvieron en una “posición incómoda, sin servicios sanitarios y apilados boca abajo unos sobre otros”, detalla el informe.
Ocho de ellos fueron víctimas de tortura como amenazas de violación e incluso hubo una agresión sexual. De otras cuatro víctimas se desconoce qué corporación policiaca las detuvo porque no hubo registro de su detención, aunque fueron liberadas dos días después.
Sin embargo, autoridades, incluida la CNDH, omitieron aplicarles el Protocolo de Estambul, por lo que no hubo una detección oportuna de prácticas de tortura, reconoció la institución defensora de los derechos humanos.
Por ello, una de las exigencias de las personas detenidas es que se les reconozca como víctimas de este delito.
Omiten a víctimas
Un total de 140 personas fueron incluidas en las listas de víctimas de manera preliminar en 2016 y 2017; el número se amplió a 217. Sin embargo, la CNDH reconoció que muchas de ellas no se encontraban presentes el día del enfrentamiento y recibieron apoyos mensuales en materia de alojamiento y vivienda.
En contraste, no se incluyó a 79 personas que resultaron afectadas por el desalojo y cuyas afectaciones de ese día les ha impedido laborar debido a sus lesiones, en otros casos la persona proveedora del hogar fue ejecutada el 19 de junio.
¿Cómo van las investigaciones?
Por estos hechos, la Procuraduría General de la República inició 35 carpetas de investigación, mientras que la Fiscalía General de Oaxaca envió copias de otras 50 carpetas de investigación.
Además de homicidio y desaparición, entre las carpetas mencionadas por la Comisión destacan las interpuestas por integrantes de diversas corporaciones policiales que resultaron lesionados, así como daños materiales ocasionados a edificios de gobierno.
¿Y la atención a las víctimas?
Hasta el momento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha elaborado un plan integral para la reparación integral del daño. La institución no cuenta con un titular desde hace casi año y medio, aunque ha reconocido en medios nacionales que no detienen sus labores.
En tanto, las autoridades estatales no han atendido las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido, la primera fue en 2017 y estaba dirigida al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, al comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, y al fiscal estatal, Rubén Vasconcelos Méndez.
