Uno de los problemas graves en el país que profundiza la pobreza y la desigualdad es la gran inequidad en el acceso a bienes y servicios públicos.
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Redacción | IMER Noticias
En su columna, la Dra. Clara Jusidman, presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social y miembro emérito del Seminario de Cultura Mexicana nos habla sobre los déficits y rezagos en su provisión suficiente y adecuada impactan la vida y muerte de las personas, su esperanza de vida, sus posibilidades de movilidad social, de tener alternativas de futuro, es decir, de alcanzar una vida digna.
La desigualdad en la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud en todo el territorio nacional, se reflejó en una desigual mortalidad entre grupos socio-económicos en el curso de la actual pandemia. Comunidades y personas a las cuales les toma horas acceder a una clínica, servicios de salud sin el personal suficiente y capacitado, sin insumos ni medicamentos y con equipos insuficientes, obsoletos o descompuestos.
El impacto de la pandemia fue mayor a pesar de los esfuerzos realizados, en razón del reducido presupuesto que históricamente se ha asignado al sector salud, sumado a la desaparición repentina del seguro popular sin tener la garantía de que el INSABI ya podía atender a la población que recibía éste y por la incapacidad para resolver la compra oportuna y suficiente de medicinas e insumos para la salud.
Las muertes por la COVID en México y las muertes y el deterioro de la salud de millones de personas cuya atención de otros padecimientos ha tenido que ser postergada para concentrar los insuficientes recursos públicos en la atención de la pandemia, han incrementado los gastos de bolsillo en salud de las familias y provocaron que miles de personas murieron en sus casas al no poder ser atendidas por los servicios de salud y no tener acceso a los medicamentos y equipos requeridos.
No se puede desconocer la alta tasa de mortalidad, así como el enorme desgaste y daño sufrido por el personal sanitario a lo que seguramente contribuyó la vieja, deficiente y abusiva organización de los servicios salud pública: malas remuneraciones, horarios inhumanos, falta de equipos de protección y sistemas jerárquicos abusivos.
Lo mismo podemos decir respecto de la histórica postergación del aumento de capacidades de prevención y atención a la salud mental, particularmente afectada por la pandemia.
Por su parte, la falta de mantenimiento de las instalaciones escolares, sumada a su vandalización, y a las necesidades de ventilación que impone un ambiente saludable para reducir la difusión del virus, demandan de una importante inversión para levantar y ampliar la disponibilidad física de servicios educativos. Millones de estudiantes fuera del sistema educativo en parte por el acceso tan desigual a la disponibilidad de equipos, tecnología y redes de internet y señales de televisión, además de la caída de los ingresos de sus familias
Una tarea obligada es repensar y planear para el largo plazo la prestación de los servicios públicos de salud y educación para hacerlos accesibles y de igual calidad para toda la población. La incorporación de innovación en esos dos campos del bienestar como la telemedicina y la recuperación y fortalecimiento de la tele educación, acortarían los tiempos y disminuirían los costos para lograrlo.
Por su parte, la crisis de obesidad y diabetes agudizada por la pandemia exige de una estrategia en materia de alimentación con el involucramiento de expertos y de todas las agencias estatales que intervienen en la cadena alimentaria, que además es una fuente importantísima de empleo y actividad económica en el país.
Es necesario vigilar la calidad, la distribución, el consumo y la publicidad de los alimentos ultra-procesados, brindar educación y vigilar la calidad nutricional de la venta de alimentos en la calle, apoyar mercados locales y regionales de alimentos y promover el cambio de hábitos de alimentación en las escuelas, en los servicios de venta de alimentos y por los medios de comunicación masiva.
Me pregunto si el presupuesto recién aprobado por la Cámara de Diputados considera estas necesidades a fin de abatir algunas de las causas realmente estructurales de la pobreza y la desigualdad frente a su agudización en la etapa pandémica.
Urge hacer un gran esfuerzo y una importante inversión pública para mejorar la disponibilidad, la accesibilidad económica y física, la calidad y la adecuación cultural de los bienes y servicios públicos esenciales. Son un componente fundamental de cualquier país que pretenda convertirse en un Estado de Bienestar.
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