El Informe «Observatorio contra la Tortura» de diversas ONGs señaló a las policías y fiscalías estatales por actos inhumanos y de tortura.
Georgina Hernández
Durante 2022, los cuerpos de seguridad pública de los estados y las fiscalías estatales fueron las autoridades que más quejas recibieron ante los organismos públicos de derechos humanos por cometer actos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Así lo revela el más reciente Informe «Observatorio contra la Tortura«, elaborado por organizaciones de la sociedad civil, con el fin de tener un diagnóstico respecto a la implementación de la ley general en la materia, la cual fue publicada en 2017.
En conferencia de prensa, Ángel Salvador Ferrer, coordinador del Programa Prevención de la Tortura en Documenta, señaló que durante 2022, en todo el país se abrieron 6 mil 226 carpetas de investigación, de las cuales, sólo el 1.31% fueron judicializadas. Esto quiere decir que sólo 82 carpetas pasaron de la etapa de investigación a una etapa de juicio.
Las entidades con más carpetas judicializadas fueron:
- Baja California Sur: 22
- Ciudad de México: 6
- Baja California y Puebla: 5
- Yucatán: 3
En este sentido, señaló que una de las razones de esto, son las dificultades que tienen las víctimas para comprobar que fueron víctimas de tortura y de esta forma, poder avanzar en su exigencia de derechos.
«La mayor parte de los casos requieren certificaciones médicas en dictaminación, conforme al protocolo de Estambul, para poder comprobar en un lugar determinado la dificultad que existe para acceder al 100%».
En 2022 fueron dictadas 10 sentencias
En el informe se agrega que durante 2022, a nivel nacional, fueron dictadas 10 sentencias por el delito de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, no se sabe si estas fueron absolutorias o condenatorias.
En cuanto al porcentaje de casos que se investigan, Ángel Salvador Ferrer, indicó que el 69.2% de estas indagatorias se iniciaron porque lo ordenó un juez o una jueza tras recibir alegaciones de tortura en las investigaciones de otros delitos.
En contraste, indicó que el porcentaje de casos que se investigaron por denuncia de las víctimas fue muy bajo, ya que este se ubicó en 7.8%. Precisó que esto puede deberse a diversos factores, entre estos el desconocimiento de los recursos legales y su funcionamiento, por el impacto de la tortura o por la falta de recursos.
«Un hallazgo importante es que sólo 8 por ciento de las investigaciones se inician por la denuncia de la víctima, Qué significa porcentaje muy bajo de cuenta que un clima de confianza en las instituciones de justicia.»
96 personas víctimas de tortura fueran asentadas en el Registro Nacional de Víctimas
Sobre al desempeño de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, el informe refiere que en 2022 fueron inscritas 244 personas víctimas de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales 96 fueron asentadas en el Registro Nacional de Víctimas y 148 en Registros Estatales de Víctimas. No obstante, en sólo 10 casos se dictaron medidas de reparación integral del daño.
Y aunque todavía no se tiene una fecha definida, este año, México comparecerá ante el Comité Contra la Tortura de la ONU para sustentar el último informe que entregó el gobierno en 2023.
Sigue la transmisión en vivo de la Presentación del Informe "Observatorio contra la Tortura" | Hallazgos 2022https://t.co/QwcHyQckbc pic.twitter.com/CMFhuQzYQL
— CEPAD (@CEPAD_AC) February 20, 2024
