La gente acusa a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México que no ha admitido las quejas de hace un año sobre la construcción de cuarteles.
Georgina Hernández
Pobladores de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco; vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, y activistas denunciaron que la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México no ha admitido las quejas que presentaron hace un año para denunciar la vulneración de sus derechos, tras la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.
Durante el foro “Derechos Humanos y Militarización: ¿Necesitamos a la Guardia Nacional y al Ejército en Ciudad de México?”, Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh, señaló que la entrega de estos predios a la Secretaría de la Defensa Nacional se hizo mediante procedimientos administrativos irregulares.
Además, no hay dictámenes en materia de impacto ambiental ni urbano.
También explicó que los argumentos del organismo capitalino es que aún no concluye la indagación preliminar. Es decir, la recabación de información para ver si se surte la admisibilidad y competencia para poder investigar los casos.
No obstante, el abogado indicó que este proceso no debería de haber tomado más de tres meses.
“La Comisión lo que sostiene es que no cuenta con información suficiente para ver si admite o no las quejas. Lo que nosotros sostenemos es que ya se cuenta con información suficiente para prever una violación a los derechos humanos”.
En el caso de San Luis Tlaxialtemalco, la queja fue presentada porque el cuartel de la Guardia Nacional fue construido en el vivero del pueblo originario, el cual es un área natural protegida.
En tanto, el cuartel de la Unidad Habitacional El Rosario fue levantado donde anteriormente había un área recreativa abierta al público.
Acusan a la Guardia Nacional de ser inconstitucional
En su participación, Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, afirmó que en México aún no ha nacido la Guardia Nacional constitucional.
Esto, debido a que la institución que existe actualmente no es civil porque el 80 por ciento de su personal proviene de las Fuerzas Armadas y que el 20 por ciento es de la extinta Policía Federal.
El académico añadió que la entrega de la Guardia Nacional al mando de los militares debilita estándares policiales establecidos en la Constitución.
También el enfoque de género, el respeto a la ley y a los derechos humanos, y el reconocimiento de la evaluación ciudadana no están reconocidos en la doctrina militar.
“La Constitución dice que las instituciones de seguridad pública, y explícitamente la Guardia Nacional, deben ser civiles. Vamos aclarando las cosas, la institución que se está desplegando no es la institución constitucional”.
López Portillo agregó que hay una operación política para colgar a la Guardia Nacional en el prestigio y confianza ciudadana que tienen las Fuerzas Armadas.
En esto, coincidieron Laura Montes y Mariana Cruz, defensoras los pueblos de Xochimilco; y Javier Ortiz, defensor de los vecinos de la Unidad Habitacional El Rosario.
Ambos señalaron que la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional en Ciudad de México se ha impuesto bajo el argumento de que estos mejorarán la seguridad en dichas zonas.
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