Organizaciones y activistas exigieron al presidente López Obrador una disculpa pública y rectificar sus declaraciones del pasado viernes, en las que acusó que ocho organizaciones y el sitio «Animal Político» reciben dinero de fundaciones internacionales para oponerse a la construcción del Tren Maya.
IMER Noticias
Decenas de organizaciones, activistas y ciudadanos exigieron al gobierno federal y los gobiernos locales cesar discursos y acciones que estigmatizan, criminalizan y deslegitiman el trabajo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le solicitaron además una disculpa pública en la que rectifique sus declaraciones del pasado viernes, en las que acusó que ocho organizaciones sociales y un medio de comunicación reciben dinero de fundaciones internacionales para oponerse a la construcción del Tren Maya.
En una carta difundida por la organización Artículo 19, los y las firmantes piden al Ejecutivo federal adoptar un discurso a favor del pluralismo y la libertad de expresión, reconocer de manera pública la relevancia del trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas, y condenar las violaciones de los derechos humanos cometidas en su contra.
Asimismo, solicitan generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos, quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la violación a sus derechos humanos por la implementación megaproyectos.
Este es un extracto de la carta que puedes consultar en el siguiente enlace.
«Recordamos al Gobierno Federal que, tal como lo ha establecido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2], las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio y a la crítica dado el carácter de interés público de las actividades que realizan. En este tenor, el Ejecutivo Federal debe cuidar que sus declaraciones no estigmaticen el derecho a defender y el ejercicio periodístico»
«Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la administración federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas. Además, Global Witness [3] colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente. Bajo este contexto, enfatizamos que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo federal generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en México»
