El Instituto de Salud para el Bienestar comenzó sus funciones el 1 de enero, en medio de cuestionamientos a su viabilidad financiera, además de la oposición de al menos nueve gobernadores para adherirse al sistema.
La promesa de atención y medicamentos gratuitos como en los países nórdicos suena lejana en un país que invierte menos del 3 por ciento del PIB a los servicios de salud.
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