A través de un recurso llamado amicus curiae, las organizaciones presionan a la Corte para que resuelva la acción de inconstitucionalidad sobre el tema.
Georgina Hernández
Organizaciones civiles presentaron un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva si la Guardia Nacional puede realizar tareas migratorias.
Las organizaciones quieren que la Corte resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en julio de 2019.
En esa queja, el organismo sostuvo que las atribuciones legales de control y verificación migratoria eran contrarias a los derechos humanos.
Para ello, entregaron un recurso llamdo amicus curiae, el cual consiste en la opinión de expertos en el tema para que los y las ministras tomen una decisión.
En entrevista para IMER Noticias, Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO, señaló que el planteamiento de fondo es eliminar la participación de esta institución en las tareas migratorias.
Para Margarita Núñez, parte de los argumentos expuestos a la Corte tiene que ver con la estructura, capacitación y mandos de la Guardia Nacional. Hasta ahora, el 80 por ciento de sus integrantes provienen del ejército.
La experta expuso que, tras la promulgación de la Ley de la Guardia Nacional en mayo de 2019, la corporación tiene presencia en las fronteras.
No obstante, con el pasar del tiempo su presencia se ha robustecido en puntos de revisión como carreteras, aeropuertos, centrales de autobuses y estaciones migratorias.
Por ello, uno de los casos formulados a la Suprema Corte en el amicus curiae tiene que ver con la ejecución extrajudicial de una persona de nacionalidad cubana en el estado de Chiapas, en noviembre de 2021.
“Iban cinco personas migrantes en una camioneta. En un punto de revisión en Chiapas, la Guardia Nacional dispara contra la camioneta, lo cual es un uso totalmente desproporcionado de la fuerza. Además, de la fuerza letal que es el último recurso al que puede recurrir y que resultó en la muerte de una persona cubana”.
El muro de la Guardia Nacional
La coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la IBERO también indicó que otros datos expuestos tienen que ver con los despliegues de la Guardia Nacional para contener caravanas migrantes.
Además, de los actos de tortura que han documentado en los centros de detención a donde llegan los extranjeros, específicamente en dos estaciones migratorias de Chiapas.
De acuerdo con el Informe Anual de la Guardia Nacional 2021, hasta febrero de 2022, 99 mil 946 elementos estaban desplegados en el país, de los cuales, 15 mil 822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9 mil 298 en las entidades de la frontera sur.
Margarita Núñez consideró que postergar en la Corte esta discusión tiene que ver con el tema polémico sobre la militarización que ha habido en el país en los últimos años.
“También la intención de presentar el recurso es presionar a la Corte en términos de recordarle la acción de inconstitucionalidad que lleva tres años ahí”.
Finalmente, la experta afirmó que el uso de la Guardia Nacional en tareas migratorias es contradictorio con el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, recordó que la mayoría de las personas que llegan al territorio mexicano tienen necesidades de protección internacional. Esto, porque no pueden vivir en sus lugares de origen debido a la extrema precariedad, persecución o por violencia política, social o de género.
“Las primeras personas que las reciben son la Guardia Nacional armados con escudos con todo este equipo que denota lo contrario a protección. Es intimidante, amenazante. Hay gente que viene huyendo de la represión en sus países”.
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