El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, presentó el diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual contra mujeres privadas de la libertad donde expone historias de distintas víctimas.
Perla Miranda
Bárbara Méndez y Norma Jiménez son sobrevivientes de violencia en Atenco, Estado de México durante 2006.
Después de 15 años de lucha lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciara al Estado mexicano por “violencia sexual, violación y tortura”.
El fallo de la corte obliga a las autoridades mexicanas a continuar con las investigaciones y sancionar a los responsables de las víctimas. Además de fortalecer el Mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual.
Por ello, ayer el gobierno federal presentó el primer Diagnóstico de tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad.
La violencia en cifras
El documento reveló que 8 de cada 10 mujeres en prisión en México sufrieron algún tipo de agresión durante su arresto, traslado y estancia en el Ministerio Público.
Para la estudiante de Artes Plásticas, Norma Jiménez, es preocupante todas las cifras que rebela el documento. Por ejemplo:
- El 54 por ciento de las mujeres fueron esposadas durante su detención.
- El 48 por ciento de los casos de los agentes aprehensores usaron fuerza física para someterlas.
- En 11.5 por ciento causaron lesiones graves.
- El 70 por ciento de las mujeres recibieron algún tipo de amenaza a su persona o a familiares.
- A 47.8 por ciento las amenazaron con levantarles cargos falsos.
- El 22 por ciento fueron desvestidas.
- El 27.5 por ciento presionadas para denunciar a un tercero.
“Cómo el Estado piensa que puede llegar a reparar por lo menos en una parte a todas estas mujeres que ni siquiera conocemos. Para nosotras que estamos aquí sentadas después de 15 años de lucha y ¿Esas mujeres tendrán las herramientas para estar acompañadas? ¿Sabrán lo que les está sucediendo? Son impactos que tienen un nombre y se llama tortura sexual y tienen un responsables. Los responsables de la tortura sexual no solo son quienes la ejecutan, también es quien la calla, quien no hace nada para que las víctimas tengan justicia, también es quien la sigue perpetuando y alentando”.
Bárbara Italia Méndez, víctima de Atenco, consideró reprobable que 11 por ciento de las mujeres sufrieran agresiones sexuales durante su estancia en el MP.
De las cuales, 3.8 por ciento sufrió violación sexual, pues eso significa que estas acciones siguen vigentes y nadie hace nada por evitarlas.
Por ello, consideró urgente que todas las instituciones relacionadas con la impartición de justicia conozcan los resultados de este diagnóstico.
De esta manera podrán emprender acciones concretas para impulsar una política pública en la materia.
El dinero no repara el daño
Todos coinciden que la reparación del daño hacia las víctimas se deje de ver como algo que solucionarán con dinero.
Barbará destacó la necesidad de una reparación integral para generar conciencia en las autoridades y hacerles saber que no pueden estar por encima de la justicia.
“La dimensión importante de la reparación del daño tiene que ver con el acceso a la justicia y es exactamente el gran talón del Estado mexicano. Es necesario para que cambie esta lógica estructural de tortura a las personas que están bajo la custodia del Estado que tengan costos, costos altos, sociales, pero también económicos en términos de las reparaciones de las víctimas. Estoy segura que cualquier estado de la región quebraría si se diera acceso a la reparación del daño a todas las personas víctimas de grandes violaciones de derechos humanos”.
Al respecto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, reconoció que este diagnóstico es una forma de dignificar a las sobrevivientes y visibilizar una problemática muy grave.
Alejandro Encinas también acusó a agentes del Estado Mexicano de ser los principales responsables de estos actos.
“Necesitamos que las instituciones encargadas de la seguridad pública cuenten con instrumentos de control y fiscalización del comportamiento de su cuerpo de seguridad. Que tengan capacitación, seguimiento y por supuesto mecanismos de control interno para castigar este tipo de violaciones. Necesitamos que las instituciones de salud establezcan el derecho a la salud y medicina especializada a mujeres privadas de la libertad y el congreso de la Unión y congresos estatales enfrentan esfuerzos legislativos para no solamente armonizar la normatividad local en materia de tortura sino también establecer mecanismos para abatir la impunidad que existe”.
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