A pesar de que en el discurso la oposición señaló que Morena abusó de su representación, 70% de los dictámenes aprobados fue por consenso.
Escucha este especial sobre el balance de la actual Legislatura del Congreso.
Claudia Téllez y Rita Cerón
Cinco reformas constitucionales y 23 leyes secundarias aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Esta fue la respuesta de la mayoría de Morena y sus aliados que lograron los consensos necesarios con la oposición para sacar adelante las iniciativas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la primera mitad de su gobierno.
163 diputados y 47 senadores de los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, no alcanzaron para frenar el paso de la llamada “aplanadora” que logró sacar adelante reformas legales que el mandatario consideró prioritarios para impulsar su proyecto de gobierno. Así lo dijo Mireya Santillán, consultora de Integralia.
“El Congreso se ha convertido en un facilitador de la agenda del Presidente y de su partido y esto ha sido posible no sólo por las amplias mayorías que tienen Morena y sus aliados en ambas cámaras, sino también por el papel de la oposición, porque además el activismo de la oposición se centró en contraargumentar las propuestas del bloque gobernante, no de proponer y promover una agenda alternativa centrada en los ciudadanos”.
A la falta de propuestas de los legisladores de oposición se suma su actitud frente a la bancada mayoritaria. A pesar de que en el discurso acusaron que Morena abusaba de su representación, 70 por ciento de los dictámenes aprobados en la actual legislatura fueron por consenso.
Para José del Tronco Paganelli, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, esta situación demuestra que el Poder Legislativo no sirvió como un espacio donde la negociación y deliberación pudieran mejorar las iniciativas de ley.
“La mayoría parlamentaria es una condición que hace difícil esa situación, pero si vemos la orientación de los votos de los diputados de la oposición vemos con claridad que ni siquiera ha habido un intento por ejercer su rol político y constitucional”.
¿Cómo votaron los partidos?
Las coincidencias en el Legislativo entre Morena y los otros partidos no se limitaron a sus aliados, así lo demuestra un informe del Buró Parlamentario, que analizó las tendencias de votación emitidas entre el 20 de septiembre de 2018, al inicio del periodo, y el 18 de marzo, casi a un mes de concluir la legislatura.
Movimiento Ciudadano tuvo una coincidencia del 91 por ciento con la bancada mayoritaria. El PRD coincidió en un 82 por ciento. El PRI y el PAN tuvieron una coincidencia superior al 75 por ciento.
La lista de cumplimiento de la 4T
Elevar a rango constitucional los programas sociales, la puesta en marcha de la Guardia Nacional, limitar las remuneraciones de los servidores públicos y echar abajo reformas estructurales aprobadas en el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron algunas de las prioridades en la agenda de la llamada Cuarta Transformación.
Para Del Tronco, los cambios legislativos que sacó adelante la 64 legislatura muestran contrastes en el proyecto de gobierno del presidente López Obrador.
“Creo que ahí, el cariz de las reformas ha ido en una dirección contraria a lo que esperaba el electorado que votó por Morena, es decir, una orientación más en sentido punitivo y que mantiene a las Fuerzas Armadas en el espacio público; la gestión de la seguridad pública ha dejado bastante que desear. En términos de las reformas vinculadas con cuestiones laborales y para la regulación económica, me parece que las iniciativas han tenido un carácter progresista más claro”.
Eliminar la condonación de impuestos, promover la inclusión financiera de los jóvenes y regular la subcontratación en las empresas son los otros cambios que salieron adelante con el voto de Morena y sus aliados, pero abren interrogantes sobre su costo político y financiero.
Así lo dice Mireya Santillán, de Integralia, al afirmar que algunos de estos cambios aún son reversibles, por lo que su continuidad en la siguiente legislatura dependerá de la nueva configuración en San Lázaro.
“Falta ver cómo queda compuesta la siguiente legislatura para saber si este proyecto, esta agenda, que quedó un poco suspendida o no tuvo el empuje suficiente por la pandemia, y ahí sí valorar cuantas reformas constitucionales podrían impulsar, pero las previsiones es que Morena y sus aliados no lo van a poder realizar”.
¿Una oficialía de partes?
Iniciativas que avanzaron sin ningún cambio y en fast track motivaron que la oposición acusara que el Congreso, bajo el dominio de Morena, se convirtió en una oficialía de partes, un señalamiento que divide opiniones entre los propios legisladores.
La contrarreforma educativa, la Ley de Amnistía, así como las leyes de la Industria Eléctrica y de Hidrocarburos, que devolvieron a la CFE y Pemex su papel preponderante en el mercado, son algunos ejemplos.
En esa lista también están la desaparición del Seguro Popular y la reorientación de recursos a obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas.
Para el senador Julen Rementería, coordinador de los senadores panistas, la mayoría de Morena en estos tres años mostró cerrazón, así como desconocimiento del proceso legislativo: se brincaron normas y reglamentos con tal de lograr sus cambios.
“Se ha notado una apertura en ciertos temas, pero en otros lo que ha habido es absoluta cerrazón, viene clara la instrucción de que tiene que ser como lo mandan desde el Ejecutivo y no se le cambia un punto, una coma, como si fuera una oficialía de partes, donde te mando este documento, tramítamelo y mándamelo autorizado para que yo lo publique. Simplemente imponen, no aceptan ningún tipo de reserva ni modificaciones y claramente se ve desde el inicio de las discusiones, cuando hay una instrucción y lamentablemente no aceptan”.
Esta percepción también la comparte la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Fabiola Loya.
“Creo que a esta legislatura le faltó, por parte de la 4T, dignificar la figura de los legisladores y las legisladoras; ellos terminaron por poner nuestra investidura al servicio de otro poder, terminaron siendo súbditos del Poder Ejecutivo, sin ejercer las obligaciones y atribuciones que tenemos al momento de legislador, ni siquiera leer las reforma, ni siquiera discutirlas”.
En una posición distinta está Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, quien afirma que la conformación del bloque de contención con el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano obligó a la bancada mayoritaria a buscar acuerdos.
“Yo creo que cada vez que se conforma el bloque, y sobre todo en las reformas constitucionales, se ha evitado esta idea de oficialía de partes. Hay ocasiones en donde sí construyen, donde sí se da el debate, y hay otras donde se advierte que hay una instrucción y que ante ella no hay que nada que permita discutir reformas que tienen un interés superior, que rebasan los propios intereses del Senado, aquellas que ya llegan con la instrucción de que no se le cambie ni una sola coma”.
Calificar al Congreso como una oficialía de partes es minimizar su papel, dice Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, quien asegura que la cámara no operó bajo el “dictado” del Poder Ejecutivo.
“Es muy falso porque el número de iniciativas que el Presidente ha enviado es muy pequeño frente al trabajo legislativo que hemos desarrollado todos, por eso me parece un exceso”.
En lo que sí hay coincidencias es en que la 64 Legislatura fue una de las más productivas de los últimos años por el número de iniciativas presentadas: más de seis mil en cada una de las cámaras.
En San Lázaro, avanzaron 573 dictámenes que dieron forma a 37 nuevas leyes. También se aprobaron 29 reformas constitucionales, cinco promovidas por el presidente López Obrador, y se modificaron 507 ordenamientos y decretos.
Algunos de esos cambios no estuvieron exentos de polémica: la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, la reforma para fortalecer al Poder Judicial y la extensión del mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, dos años más, así como la extinción de 109 fideicomisos y la reorientación de 30 mil millones de pesos del Fondo de Salud, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra la pandemia.
Con temas pendientes como la regulación de la cannabis para uso recreativo, las reformas al Banco de México o la reforma a la industria audiovisual, ambas cámaras están a la espera de la nueva configuración en San Lázaro para saber si Morena conserva la mayoría que logró en 2018 y que le permita consolidar el proyecto de la actual administración de cara al proceso electoral de 2024.
