El especialista de la UNAM consideró que la justicia electoral no ha sido consistentes al sancionar esta clase de violaciones.
Aura García
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, mejor conocidos como “las corcholatas del Presidente” son señalados por incurrir en actos anticipados de campaña. Para Javier Martín Reyes, experto en derecho constitucional, esto podría ser cierto. Pero lo sería como parte de una estrategia en la que el partido juega con la línea de lo ilegal con el fin de ver hasta dónde puede llegar.
¿Porque lo están haciendo? No es casualidad, ni es como que se les salió. Esto es una estrategia deliberada de ver hasta dónde pueden estirar la liga. Y lo que habrá que ver es si las autoridades electorales tienen la prudencia, pero al mismo tiempo de la firmeza. De ir marcando cuando esas expresiones se salen de lo jurídicamente permitido. Y yo creo que ahí van a tener un reto grande.
Los aspirantes presidenciales han participado este mes en dos eventos multitudinarios que se llevaron a cabo en domingo en Estado de México y Coahuila. Esto para anunciar el arranque de los preparativos de cara a las elecciones. Sin embargo, Sheinbaum, Ebrard y López también fueron denunciados por incidir en las elecciones del 2022. Lo hicieron en los seis estados que renovaron sus gubernaturas, con participación en los mítines de campaña.
El académico aclara que la ley no prohíbe que los militantes –incluidos funcionarios públicos- acudan a eventos partidistas. Esto es parte del ejercicio de sus derechos de asociación y afiliación; sin embargo, destaca que lo que sí no está permitido es llamar al voto fuera de los tiempos marcados en la norma. Lo que, a su consideración, sí han hecho. Al menos desde Toluca en un evento multitudinario por la unidad.
“Porque ellos lo que dicen es ‘Ah, podemos hacer toda la campaña anticipada hasta que inicie el proceso electoral, ¿no? Ya iniciado ya nos callamos’. Pero esa interpretación a lo que nos llevaría es a que se pudieran romper las condiciones de equidad durante muchísimo tiempo.”
Mario Delgado, presidente del partido, alega por su parte que los procesos electorales tanto del 2023, como del 2024, están muy lejos de empezar. Eso les blinda contra señalamientos de este tipo.
Sin embargo, el académico de la UNAM señala que tales afirmaciones son limitadas y hasta absurdas. Reconoce que la Sala Superior y otros órganos encargados de la justicia electoral no han sido consistentes al sancionar esta clase de violaciones. Por ello, habrá que ver cómo resuelven en nuevos casos.
“Creo que están haciendo una lectura muy reducida de la normatividad y muy alejada de la finalidad constitucional que tienen estas restricciones; que lo que buscan es garantizar la equidad de la contienda electoral. Es evidente que (…) están generando una ventaja indebida respecto de sus otros competidores. La interpretación que proponen creo que es un poco absurda”.
Pero, ¿qué dice la ley?
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula los actos anticipados de precampaña y campaña. Los primeros, según detalla, se ubican en un determinado periodo marcado por el inicio del proceso electoral. Por ello, probablemente no afecten a Morena y sus aspirantes a la candidatura presidencial.
No obstante, la LGIPE también estipula que los actos de expresión que se realicen “bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas” sí pueden ser considerados ilegales “siempre que contengan llamados expresos al voto, a favor de una candidatura o partido”.
De acuerdo con Reyes, esta diferencia temporal es clave para que figuras como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López puedan ser acusados de actos anticipados de campaña. Esto al tomar en cuenta el factor de la reincidencia por sus “faltas”, ya que no sería la primera vez que reciben una sanción electoral.
¿Y qué pasa si reinciden?
El que un aspirante, precandidato o candidato cometa faltas debe ser sancionado en principio. Pero, según la LGIPE, los castigos pueden variar desde amonestaciones públicas o multas, hasta la pérdida del derecho del infractor a ser registrado como candidato.
No obstante, Javier Martín Reyes indica que ya existe un precedente de una sanción en la que la reincidencia en delitos electorales, le amerita al acusado el resolutivo más grave: la pérdida del registro o de la oportunidad de llevarlo a cabo.
Con esta sentencia, infiere, el Tribunal Electoral habría mandado ya un mensaje, contundente, de que no permitirá más faltas.
“Tenemos ya una sentencia que dice que cuando haya infracciones sistemáticas a la normativa electoral, eso puede servir de razón para retirar candidaturas, pensando en todas las violaciones de propaganda gubernamental, propaganda personalizada, violaciones a los principios de neutralidad e imparcialidad, etc. Entonces, ahí el Tribunal anda mandando una señal: ‘a ver, ya cometieron todos estos ilícitos en revocación de mandato. Bueno, pues si le siguen en una de esas les quitamos la candidatura’. Yo creo que ahí el Tribunal ya mandó una primera señal de que no va a permitir que sistemáticamente se está violando la Constitución y la ley, pero veremos qué dicen de estos actos en particular.”
Tanto Sheinbaum como Augusto fueron sancionados hace apenas dos semanas, por su actuación en el proceso revocatorio. La gobernadora incluso fue inscrita en el registro de funcionarios públicos castigados. Tal hecho les coloca en una situación delicada.
¿Dónde se atienden las quejas?
Depende de lo que se les acuse, si la denuncia es por violar la equidad de la contienda en candidaturas locales, éstas tendrán que resolverse ya sea en el Tribunal estatal o en los Organismos Públicos Locales, desconcentrados del INE.
Mientras que en materia federal, si se les señala por actos anticipados de campaña, la Sala Regional Especializada deberá hacerse cargo en primera instancia y en caso de una impugnación, la queja pasaría a la Sala Superior.
Reyes lo ejemplifica con el caso de Coahuila y la convocatoria que hubo para los liderazgos de Morena:
“Yo sé que mete ruido, el que ‘las corcholatas se van a Coahuila a un evento partidista’…pero habrá que ver el contexto del acto, no sólo de si están o no, sino de lo que se dice. Déjame ponerlo así: si se van a Coahuila y piden el voto para Morena en Coahuila, la afectación es al proceso electoral de ese estado. Ahí se trata de las condiciones de equidad de esa contienda particular las que se están quebrantando, pero si además utilizan el acto para promover sus candidaturas o sus aspiraciones presidenciales eso sí es algo que le tocaría a la Sala Regional Especializada, porque podría tener incidencia en la contienda federal de la presidencia”.
Tiempo inédito
Finalmente, para el también politólogo, la vida política nacional se ubica en un momento más allá de lo normativo. El Tribunal debe hacer frente a un contexto casi inédito: con manifestaciones ‘anticipadísimas’, que no sabemos si se adaptan a las reglas vigentes.
Pero desde su punto vista, esta encrucijada demuestra incongruencia desde el Presidente López Obrador, quien aliena y celebra a sus “corcholatas”, cuando hace 22 años reclamó reglas más estrictas para que hubiera piso parejo.
“Hoy el sistema electoral es producto en buena medida de muchas de las demandas legítimas que el “López-obradorismo” tuvo cuando era oposición. Y sí es paradójico y francamente condenable que ahora que están en el poder, repitan los mismos patrones y realicen los mismos actos que tanto criticaron cuando era oposición. Con el agravante de que hoy ya tenemos un marco jurídico mucho más robusto y mucho más claro que prohíbe este tipo de actos”.
Te recomendamos:
Ocho de cada diez mujeres sufrieron violencia en su proceso jurídico: Segob