La diputada Celeste Ascencio presentó una iniciativa que busca adicionar dos fracciones a la Ley de Amparo.
IMER Noticias
Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Amparo e impedir que futuros juicios de amparo sean utilizados para obstaculizar el funcionamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En el marco de la discusión entre los poderes Ejecutivo y Judicial por el otorgamiento de suspensiones en contra de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó el proyecto de decreto.
“El objeto de esta iniciativa es evitar que el juicio de amparo se utilice para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servidores públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado. La cuarta transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la burocracia dorada, y el criminal saqueo en las empresas propiedad del Estado. Históricamente, los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores”.
Ascencio dijo que la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador busca acabar con la corrupción y con los privilegios.
Recordó que esta administración federal impulsó nuevas leyes en materia de austeridad republicana y de remuneraciones, por lo que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente; sin embargo, mediante amparos esto no ha sido del todo posible.
“Los fines y principios que persiguen estas leyes están siendo obstaculizados judicialmente a través de la presentación de juicios de amparo y controversias constitucionales, donde se solicita sea suspendida la aplicación de las normas que prohíben que un servidor público gané más que el presidente (…). Algunos funcionarios públicos se han empeñado en conservar sus privilegios y beneficios, por lo que haciendo uso de estratagemas legales y judiciales le apuestan a litigios largos que a veces duran años y mientras tanto gozan de la suspensión del amparo y siguen recibiendo beneficios indebidos”.
La propuesta plantea adicionar dos fracciones al artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política del país, para que los amparos no sean aplicables “contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos” y “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado”.